¿Qué es la violencia vicaria?
Es el término que utilizan los expertos para referirse a los casos en los que el padre agrede a sus hijos para hacer daño a la madre. Los indicios hacen encajar la muerte de la pequeña Olivia dentro de esta categoría.
La violencia vicaria es el término que utilizan los expertos para referirse a los casos en los que el padre agrede a sus hijos para hacer daño a la madre. Sería, según todos los indicios, el caso de la pequeña Olivia, de 6 años, que tiene conmocionado al país, tras localizarse en el mar su cuerpo sin vida, más de un mes después de que su propio padre la secuestrara junto a su hermana, Anna, de tan solo un año.
Entre los casos más conocidos de esta práctica, están el de José Bretón, que asesinó a sus hijos, de dos y seis años de edad, tras la separación con su mujer; o el de Ángela Carreño, que tras denunciar por maltrato a su marido en 51 ocasiones, este asesinó a la hija de ambos, de 7 años, de un tiro, durante el régimen de visitas.
El Defensor del Pueblo, Francisco Marugán, lleva años alertando contra la violencia vicaria que sufren los hijos de las mujeres maltratadas y reclamando refuerzos de los mecanismos con los que ya cuenta nuestro ordenamiento jurídico para una mejor protección de los niños y niñas. Marugán celebraba hace unos meses que se hubiera tenido en cuenta la violencia vicaria en la redacción de la nueva Ley de protección de la infancia, que se aprobó recientemente con los únicos votos en contra de Vox.
La ley, que entra en vigor el 24 de junio, estipula que ahora el juez suspenderá el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género y haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.
Un total de 41 menores han sido asesinados en España por la violencia de género en todas sus formas desde 2013, en el que se empezaron a contabilizar de forma oficial estos datos. En lo que va de año, el Gobierno cuantifica oficialmente, 3 asesinatos, entre los que se incluye el de Olivia.
Desde agosto de 2015, con la puesta en marcha la Ley de la Infancia y la Adolescencia, se comenzó a considerar a los menores expuestos a la violencia de género como víctimas de esta lacra. Para ello, la norma incluyó reformas en hasta una veintena de reformas que implicaban al Código Civil, la Ley de Seguridad Social o la Ley de Extranjería, entre otras.
Sin embargo, los datos oficiales de asesinatos ya se venían recogiendo desde dos años antes. En 2013 fueron 6 los menores asesinados por las parejas o exparejas de sus madres, una cifra que descendió a 4 un año después y se elevó a 5 en 2015.
En 2016, por su parte, se registró una muerte de un menor por violencia de género y en 2017 se contabilizó el número más alto, hasta ahora, en este sentido: 8 niños fueron asesinados por violencia de género en España ese año. En 2018 fueron 7 los niños asesinados, mientras que en 2019 y 2020 se registraron 3 víctimas, en cada uno de esos años.
Además, el 9 de marzo una niña de 11 años fue asesinada a tiros por su padre en Madrid, después de que el hombre intentara incendiar la casa en la que estaban la menor y su madre (que también fue asesinada); mientras que el pasado 17 de mayo un niño de 7 años fue asesinado, también junto a su madre, en Mallorca. La mujer había denunciado en dos ocasiones a su presunto agresor.
Algunos niegan la existencia como tal de la violencia vicaria y es objeto de enorme polémica, como ha podido comprobarse durante la emisión del documental de Rocío Carrasco, en el que acusaba a su exmarido, David Flores, de hacerle daño a través de sus hijos, además de apartarle de ellos a propósito (lo que se conoce como alienación parental).
Cuestión de estado
Sin embargo, oficialmente, la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, sí la reconoce y se ha comprometido a luchar contra esta forma de producir sufrimiento extremo a las madres. "No hay palabras para acompañar a Beatriz en estos momentos de terrible dolor. Esta violencia que se ejerce contra las mujeres madres para golpear donde más duele es una cuestión de Estado. Estamos aquí para lo que sea necesario. No más", ha escrito en su cuenta de Twitter.
Por su parte, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, cree necesario que para mejorar la protección de los menores hay que reaccionar "antes de que esto suceda", ante cualquier atisbo o "indicio irracional de un padre incurso en un proceso penal o incluso indicios de violencia que se dan en la separación o el divorcio sin que la madre haya denunciado".
En ese sentido ha defendido, como se acaba de prever en la Ley de Protección de la Infancia o en la Ley de Apoyo a las Personas con Discapacidad, la posibilidad de "suspender el régimen de visitas" ante una madre y unos niños que tienen miedo. "Hay que escuchar siempre a la infancia, como dicen estas leyes. Ese miedo es un síntoma de violencia", ha apuntado.
Por ejemplo, una reforma del Código Civil, introducida en la Ley que capacita jurídicamente a las personas con discapacidad, agilizará la retirada del régimen de visitas a aquellos que estén incursos en procesos penales. Esta medida entrará en vigor en septiembre, junto con el resto de la norma.
La Ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada, incluye así una nueva redacción del artículo 94 del Código Civil "No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos", señala.
