Belarra pone el foco en frenar la sangría territorial de Podemos
La ministra de Derechos Sociales plantea eximir de la dimisión a los cargos condenados por "el acoso judicial" contra el partido.
Salvo sorpresa mayúscula, el próximo 13 de junio la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, será nombrada secretaria general de Podemos en sustitución de Pablo Iglesias, del que ya tomó el testigo en marzo al frente de la cartera. Vistalegre IV -como ya se conoce popularmente a la cuarta Asamblea Ciudadana del partido aunque se celebrará en Alcorcón- se decidirá con los votos de los afiliados, pero la dirigente navarra cuenta con el apoyo de todo el aparato de la formación y en su lista figuran los principales dirigentes nacionales y autonómicos morados.
Precisamente esta última cuestión revela una de las principales preocupaciones en Podemos. El mayor reto de Belarra, una vez que tome las riendas, será reconstruir la debilitada estructura territorial del partido, una cuestión de urgencia que ya nadie niega en la formación. Solo 2021 ha frenado la sangría de votos que vienen sufriendo desde 2018, con Madrid y Cataluña como principales fortines donde el 14 de febrero y el 4 de mayo consiguieron mantener el terreno ganado. En las demás autonomías han perdido poder o, como en el caso de Galicia, han desaparecido de su Parlamento.
Mientras, tanto la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, será el rostro visible en el Gobierno de la coalición Unidas Podemos (que integra al propio Podemos, a Izquierda Unida, Galicia en Común y en Comú Podem), desde donde preparará su salto a las próximas elecciones generales. La también ministra de Trabajo ya ha avanzado, incluso, que estará presente en la mesa de diálogo con Cataluña que espera retomarse ahora que Pere Aragonès ha sido investido presidente de la Generalitat.
Peso autonómico
La estrategia es tan clara que Belarra se ha rodeado en su lista de hasta once líderes regionales de Podemos: Maru Díaz, de Aragón; Conchi Abellán, Cataluña; Antón Gómez-Reino, Galicia; Pablo Fernández, Castilla y León; Martina Velarde, Andalucía; Jesús Santos, de Madrid; Pilar Garrido, País Vasco; Pilar Lima, Valencia; Javi Sánchez, Murcia; Irene de Miguel, Extremadura; y Laura Fuentes, de Canarias. También están presentes otros destacados dirigentes, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el número dos; o Pablo Echenique (en el puesto séptimo) y Rafael Mayoral (décimo).
Montero fue descartada por la cúpula, con su visto bueno, para ejercer el liderazgo al considerarla "demasiado cercana" a la anterior dirección encabezada por Iglesias. En Podemos tenían clara la cuestión de que el nuevo liderazgo tenía que ser femenino y se optó por Belarra, explican desde el partido, por "su conocimiento de las estructuras internas y su fulgurante crecimiento en los últimos años".
Otra de las cuestiones que se dirimen en Vistalegre IV es la renovación del Código Ético de Podemos. La candidatura que abandera Belarra propone la posibilidad de eximir a miembros del partido de la renuncia al cargo público o interno en caso de condena o procesamiento porque los principales dirigentes del partido considera que está en marcha un "acoso judicial con intenciones políticas". Una fórmula que ya han usado para soslayar, por ejemplo, la imputación del actual secretario de Organización, Alberto Rodríguez, por delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones leves, en los que habría incurrido al dar presuntamente una patada a un policía en una protesta de 2014 en La Laguna (Tenerife). Unos hechos por los que la Fiscalía del Tribunal Supremo pide seis meses de prisión y una pena igual de inhabilitación para ejercer cargo público.
