Iceta planea cesar a los interinos que lleven tres años en la misma plaza

La norma, pensada para impulsar la estabilidad en la Administración, solo se aplicaría sobre los nuevos contratos públicos.

Miquel Iceta presidirá el Senado
Miquel Iceta.
EFE/Quique García

El Gobierno sigue dándole vueltas a las fórmulas que puede aplicar para reducir la elevada temporalidad laboral que existe en todo el sector público y rebajarla del 30% actual al 8%, su objetivo en tres años. Dentro de los diferentes planteamientos incluidos en los borradores comunicados a los sindicados, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública abre la puerta a que una Administración no pueda prorrogar el trabajo de un interino que lleve ya tres años en ese mismo puesto.

Con esta propuesta se busca evitar el estancamiento de la eventualidad. Esta idea excluye a los eventuales que ya estén ocupando una plaza en estos momentos y no incluye ningún derecho a indemnización para los hipotéticos futuros cesados. De esta forma, su Administración quedaría exenta de responsabilidad por la política de planificación de recursos humanos.

Según se desprende del borrador de la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, también se fija que "transcurridos tres años desde el nombramiento del interino se producirá su cese sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año". De esta forma, según el texto, el personal interino no obtendrá el reconocimiento de la carrera profesional hasta que adquiera la condición de funcionario de carrera.

En el caso de que el personal funcionario interino, tras la superación del correspondiente proceso selectivo, adquiera la condición de personal funcionario de carrera, se procederá al reconocimiento periodo de interinidad previo, a efectos de carrera profesional, en los términos de las leyes de función pública que desarrollen el Estatuto.

El propio Iceta puso este miércoles en valor la coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para lograr situar la tasa de interinidad en la Administración por debajo del 8% en el horizonte del 2024. "Este Gobierno se compromete a estabilizar en el horizonte de 2024 a más de 300.000 personas", subrayó este miércoles Iceta en el Congreso, quien ha vuelto a recalcar la idea de situar la tasa por debajo del 8%, sobre todo en determinadas comunidades autónomas donde la eventualidad es muy amplia.

Nuevos tipos de oposición

El propio Iceta presentó este miércoles las orientaciones para actualizar y reformar los procesos selectivos en la Administración General del Estado, esto es, las históricas oposiciones, que irán introduciéndose de forma gradual. Todos los expertos consultados por el Ejecutivo coinciden en la necesidad de "reducir los procesos selectivos a la mitad de tiempo, reducir también las pruebas de memorización, potenciar las prácticas y también la promoción interna".

Por su parte, la directora general de Función Pública, por su parte, ha anunciado que ya la convocatoria de más de 10.200 plazas del próximo viernes en la Administración estatal comenzará la agilización de las oposiciones: "Se introducen cambios que acortarán sensiblemente los plazos, por ejemplo, con la realización de los exámenes teórico y práctico el mismo día".

Se implementará una planificación plurianual y una visión estratégica de la Oferta de Empleo Público: "A partir de 2022, cada mes de enero se publicará el calendario de procesos selectivos que se convocarán en el año, con estimación del número de plazas, inicio de las pruebas y duración", ha anunciado Iceta.

El proceso de oposición reducirá la duración, que se prolonga en ocasiones hasta 772 días, gracias al uso de tecnologías de la información. Estas pruebas se irán acortando de forma progresiva con reducción del número de ejercicios, unificación de pruebas compatibles o realización de más de un ejercicio en un mismo día aunque sean eliminatorios.

Además, el nuevo modelo de oposiciones pretende ser flexible y abordar gradualmente la transición desde el predominio de las pruebas memorísticas a la realización de pruebas que valoren las competencias de las personas aspirantes.

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