El Gobierno prevé recaudar 1.300 millones al año con las nuevas tasas a los residuos en vertedero y a los plásticos de un uso
El Consejo de Ministros da luz verde a los nuevos impuestos al plástico y residuos.
El Gobierno avanza en la fiscalidad verde que se ha convertido en uno de los ejes del Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia que da acceso a los fondos europeos. En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que será remitido al Congreso para su tramitación y que incorpora una nueva tasa a los residuos en vertedero y otra a los envases de plástico de un solo uso.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz María Jesús Montero ha explicado que el proyecto consta de 118 artículos que incorporan la normativa europea en la materia. "La futura ley es la clave de bóveda del paquete normativo en materia de economía circular", ha indicado durante su intervención.
En concreto, la nueva tasa a envases como los vasos de plástico para bebidas, tapones, recipientes destinados al consumo inmediato, etc, quedará fijada en 0,45 euros por kilogramo, con una recaudación esperada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de unos 491 millones de euros este año.
Nuevas medidas
A partir del 1 de enero de 2023 no se podrá distribuir de forma gratuita este tipo de productos, y el precio se tendrá que diferenciar en el ticket de venta. Para mitigar el impacto sobre el consumidor final, la norma propone que todos los comercializadores fomenten el uso de alternativas reutilizables o de otro tipo de material.
Además del impuesto para limitar su venta y consumo, la norma también incluye otra serie de medidas, como requisitos de diseño para que, por ejemplo, las botellas PET contengan un 25% de plástico reciclado desde 2025, y un 30% en 2030. También se aspira a la desaparición de determinados productos como las pajitas, cubiertos o platos de plástico.
Residuos
La nueva tasa sobre los residuos, que sustituye las que operan en los distintos territorios, supondría un gravamen de unos 40 euros por tonelada con una recaudación estimada de 861 millones este año. El objetivo es que en 2030 se reduzca la nueva producción de residuos en un 15% respecto a los generados en 2010. Para ello, el texto contempla otro tipo de actuaciones para reducir a la mitad el volumen de alimentos desechados per cápita en el hogar, distribución minorista y consumo en el sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).
En este punto, bares y restaurantes tendrán que ofrecer a los clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita. "Es una herramienta más para pasar de la economía lineal a la circular. El cambio va a movilizar muchos recursos de la UE y, según cálculos de la comisión, estas inversiones van a requerir 2.500 millones de euros de aquí a 2035", ha explicado la ministra. El Plan de Recuperación ya incorpora 850 millones de euros para la estrategia de economía circular y, de los 500 millones previstos para este año, más de 416 millones ya han sido asignados por territorios, según ha explicado Montero.
Según detalla el Gobierno en el documento remitido hace unas semanas a Bruselas, cada año a nivel mundial entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos, advirtiendo de la poca efectividad de las medidas de prevención que se han llevado a cabo hasta ahora. "En consecuencia, se considera oportuno recurrir a los instrumentos económicos y, en particular, a los impuestos para hacer frente a los problemas señalados", indica el documento.
El Gobierno también ha dado un paso al frente en su intención de elevar el impuesto al diésel. En concreto, ha aprobado una regulación para reforzar el control sobre una modalidad de fraude en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos que consiste en realizar pequeñas modificaciones en la composición de los carburantes, especialmente el gasóleo, para evitar el pago del gravamen. Con la norma, y tal y como ha explicado la ministra, se garantiza que todos los productos que se usen como carburantes queden sujetos al gravamen de hidrocarburos, sea cual sea su naturaleza.
