Las comunidades pierden en una semana la mayoría de su arsenal jurídico contra la pandemia
Crece la confusión después de que los TSJ manchego, murciano y gallego fallaran este miércoles en sentido opuesto sobre los límites en las reuniones.
La promesa del Gobierno central de que las comunidades iban a seguir contando con un amplio abanico de herramientas para tratar de atajar la pandemia una vez acabado el estado de alarma se va diluyendo día a día. En menos de una semana, buena parte de los tribunales superiores y la Fiscalía han reducido el margen de maniobra de los Ejecutivos regionales con su negativa en muchos casos a amparar ese hipotético arsenal de medidas del que hablaba la Moncloa.
Todo ello hasta el punto de limitar las armas a prácticamente dos. La primera, la posibilidad de hacer confinamientos de población muy limitados -tanto territorial como temporalmente- solo en zonas con alta incidencia acumulada, aunque tampoco hay, ni mucho menos, unanimidad en este tema. Y la segunda, la de limitar el número de personas en las reuniones sociales, si bien esta última restricción está siendo cada vez más contestada por los jueces.
De hecho solo los 'cierres quirúrgicos' son, en principio y con carácter general, la única medida que está dispuesta apoyar la Fiscalía si las comunidades reclaman implementarla llegado el momento. Eso sí, sería siempre en circunscripciones "muy limitadas", según fuentes del Ministerio Público, lo que a priori descartaría los grandes cerrojazos municipales y autonómicos del pasado estado de alarma.
Cada vez son más los servicios jurídicos autonómicos que dudan de que el Supremo, más allá de estos 'confinamientos quirúrgicos', avale las otras limitaciones con las que las comunidades intentan evitar la llegada de una quinta ola. La imposición de los 'toques de queda', una medida que solo tiene activada la Comunidad Valenciana y Baleares, en principio no va a ser analizada por el alto tribunal después de que Canarias, la única comunidad que pretendían impugnarla, reculara el martes por la noche ante el convencimiento de que los magistrados de la más alta instancia judicial española les iban dar un nuevo revolcón. Ni Navarra ni el País Vasco, que no llegó a activar las restricciones nocturnas ante el aviso previo de su TSJ, tienen previsto seguir dando guerra judicial con este asunto.
La otra gran baza para controlar la pandemia, las limitaciones al número de personas en las reuniones, cada vez está siendo más cuestionada. Aunque los tres tribunales superiores más receptivos a las restricciones -los de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares- empezaron bendiciendo estos recortes y otros menos proclives a la limitación de derechos como Navarra también los apoyó, la situación es cada vez más confusa. Así, el de Euskadi advirtió desde el principio que los tumbaría, pero en las últimas horas la justicia manchega se unió al grupo de los TSJ que vetan las limitaciones en las reuniones o en los actos religiosos por entender que éstas afectan "intensamente" a un derecho fundamental.
Sin embargo, casi a la misma hora el TSJ de Murcia y un poco después el de Galicia fallaron en sentido contrario, admitiendo el tope en los encuentros sociales y en ceremonias de culto. El TSJ de Galicia incluso amparó este miércoles el toque de queda en municipios especialmente azotados por el virus.
Serias dudas
Así las cosas, crece el caos jurídico sobre la limitación de los encuentros sociales, pero no solo está en cuestión esa medida. Los servicios jurídicos autonómicos no tienen todas consigo respecto a que también los 'encierros quirúrgicos' acaben también siendo tumbados (o muy limitados) por el Supremo llegado el momento.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, entre las pocas medidas que sí aceptó este miércoles, figuran tales encierros. Eso sí, solo como "aislamiento de las personas contagiadas" y como "obligación de guardar cuarentena por las personas sospechosas de haber sido contagiadas".
El TJS de Canarias previamente no había aceptado ya la perimetración de las islas si creciera la incidencia (el único punto que va a recurrir ante el Supremo). Por su parte, el de Andalucía ya ha comenzado a poner pegas para aislar algunos municipios.
