El Defensor del Pueblo alerta: "No se valora el interés superior de los menores extranjeros"

El Defensor del Pueblo se ha mostrado preocupado en su informe anual de 2020 por la atención y acogida que se presta a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, así como por los procesos administrativos que se siguen con ellos, ya que no se tiene en cuenta el interés superior del menor.

En su memoria anual, entregada este jueves al Parlamento, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, subraya que el año pasado llegaron 9.030 menores -de ellos 869 eran niñas- y denuncia la "excesiva demora" en algunas comunidades para asumir su tutela una vez son puestos a disposición de los servicios de protección autonómicos.

Con preocupación también observa el Defensor el elevado número de menores que llegan a la mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia, así como el de jóvenes extutelados a los que se les deniega ese permiso, por lo que estima "urgente" la reforma del Reglamento de Extranjería, cuyo borrador se encuentra en trámite de audiencia pública desde el pasado 1 de mayo.

Para reducir la vulnerabilidad de este colectivo, Fernández Marugán aconseja que todas las administraciones públicas "revisen" los procedimientos que se siguen con estos menores, ya que, "con demasiada frecuencia, se detectan prácticas administrativas que no tienen en cuenta el interés superior del menor".

La institución también reprocha la presencia de menores extranjeros en centros de internamiento, que, a su juicio, está "íntimamente relacionada" con las deficiencias de los procedimientos de determinación de la edad, causa de numerosas quejas el pasado año.

Tras recordar que en 2020 los servicios de protección de menores canarios tuvieron que asumir en solitario el reto de gestionar la acogida de emergencia de más de 2.000 menores, el Defensor del Pueblo ha abogado por la necesidad de adoptar las medidas urgentes necesarias para evitar que los centros de acogida de emergencia se conviertan "en soluciones que se demoren en el tiempo".

"Estos niños y niñas tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores españoles", asevera.

Respecto a la situación concreta en el archipiélago -la semana pasada presentó en el Parlamento el monográfico 'La migración en Canarias'-, el Defensor incide en que la llegada masiva de pateras ha puesto de manifiesto las carencias existentes en la asistencia letrada y de intérprete en las expulsiones y devoluciones.