La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cinco años de prisión para el presidente y el consejero delegado de una empresa de comunicación acusados de falsificar documentos y estafar al Ministerio de la Presidencia más de 175.000 euros.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el martes próximo el juicio, en el que ambos se sentarán en el banquillo como presuntos autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso con otro de estafa.

El Ministerio Público les acusa de haber incumplido en 2015 un contrato del que fueron adjudicatarios por el Ministerio de la Presidencia por valor de 175.604 euros.

Dado que la empresa ya abonó ese año al erario público 41.956 euros por devolución voluntaria de fondos recibidos sin previo requerimiento de la Administración el fiscal les reclama en concepto de responsabilidad civil 133.647 euros.

El Ministerio Fiscal relata en su escrito de acusación que la mercantil de los acusados resultó adjudicataria de un contrato sobre difusión en medios de comunicación de la campaña de información de la ley de transparencia y el portal de transparencia celebrado con el Ministerio de la Presidencia que tuvo lugar entre el 23 y el 30 de marzo de 2015.

Añade que la empresa hizo constar en la memoria que se habían contratado un total de 97.277.850 impresiones y para justificarlo aportó unas capturas de pantalla a pesar de que el contrato exigía que suministrara los certificados originales de los medios.

En una segunda versión de la memoria la empresa indicó que las impresiones ascendieron a 115.458.310 y para justificarlo aportó unos documentos escaneados "con la apariencia de que habían sido realizados por los diferentes medios de comunicación".

De ahí que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se interesara de nuevo en que la empresa acreditara que el servicio se había llevado a cabo a través de certificados elaborados por los distintos medios de comunicación y advirtió a sus responsables de que las capturas de pantalla no eran suficientes.

La empresa remitió una tercera versión de la memoria en la que reconoció que el número verdadero de impresiones realizadas en los distintos medios de comunicación ascendía a 28.828.250 y aportó los certificados originales emitidos por los diferentes medios de comunicación.

Según la Fiscalía "los acusados, actuando con ánimo de lucro ilícito y para obtener un beneficio patrimonial, procedieron a alterar la cuantía de las impresiones llevadas a cabo en los medios de comunicación".

Explica además que a cambio de 41.869 euros el contrato incluía la compra de espacios en medios de comunicación y en soportes publicitarios destinados a la materialización de las campañas de la Agencia Tributaria durante 2015, de tal forma que se emitieron anuncios en televisión, radio, prensa escrita e internet.

El fiscal destaca que la empresa presentó documentación para justificar la ejecución de la prestación en televisión que no se ajustaba a la realidad.

Estima que el daño económico causado al Ministerio de la Presidencia ascendió a 175.604 euros, de ellos 104.761 por las impresiones en internet, 28.972 por la campaña de radio y 41.869 por la de televisión.