La mayoría de las ONG españolas, a favor de abolir la prostitución

Cuando el discurso político para abordar, por fin, una legislación específica para la prostitución aterriza en el terreno de la realidad, se encuentra con una problemática que se extiende a las calles, desde las céntricas hasta las de polígonos industriales, a los pisos de zonas residenciales, a los bares de carretera, a las redes sociales. Con el doble anuncio de la semana pasada -por un parte del Ministerio de Igualdad de preparar una ley contra la trata y, por otra, de la vicepresidenta Carmen Calvo para redactar otra ley de abolición de la prostitución- se reactiva un debate sobre la mejor manera de resguardar, sobre todo, los derechos de las personas que se prostituyen, sea o no de forma voluntaria.

¿Debe abolirse o regularse? Las organizaciones que trabajan en el terreno no se encuentran tan divididas como el Gobierno, bicéfalo en materia de Igualdad. "Para nada queremos regular una vulneración de derechos fundamentales, que vemos en las mujeres y niñas que protegemos", mantiene Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). "En primer lugar, se debe perseguir toda forma de proxenetismo, tanto la tercería locativa (alquilar habitaciones o vender copas en lugares donde se ejerce la prostitución), el proxenetismo lucrativo y la demanda. Un cómplice de que exista la trata y explotación sexual es el prostituyente, mal llamado putero".

El clamor general, pero no unánime, de las asociaciones consultadas ha sido por la abolición. "Debe abolirse porque es una forma terrible de violencia y un atentado a la dignidad de las personas", mantiene Asunción Miura, vicepresidente de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. "Absolutamente sí se debe perseguir al putero, porque es el causante de que exista la prostitución. Sin demanda no habría oferta".

Y acerca del proyecto de regulación que centre la penalización en el proxenetismo coactivo: "Regular la prostitución es regular la práctica de la explotación sexual, otorgando a este tipo de violencia de un estatus de conformidad social, incompatible con la justicia y la igualdad", sostiene Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP). "La reglamentación de la prostitución sólo beneficia al proxenetismo".

Sin embargo, otras asociaciones, también de muy largo recorrido, sostienen que "falta claridad" en las propuestas oficiales y advierten que no debe confundirse la prostitución con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. "No todas las víctimas de trata están en situación de prostitución", advierte la directora de una de ellas, que prefiere el anonimato puesto que su organización no ha querido manifestar una opinión oficial hasta que se puedan leer ambas propuestas de ley. "De acuerdo a los testimonios de las personas que atendemos, tampoco todas las mujeres prostituidas están en situación de trata. Confundir la trata con la prostitución sólo perjudica a las víctimas. ¿Cuál va a ser la estrategia del Gobierno?".

Violencia machista

Con dudas sobre el alcance de las políticas que están encima de la mesa, las organizaciones que cada día atienden a personas vulnerables en situación de prostitución están de acuerdo en lo que debe ser el centro de cualquier legislación: la protección de las personas. "Hay que proporcionarles alternativas reales de salidas de la prostitución -habitacionales, de empleo, de formación- con asistencia médica y sanitaria en lo físico, sexual y mental", afirma Celia López, responsable de Médicos del Mundo en Galicia. "Hay que comprender que es una forma de violencia de género y darles ayudas públicas por ser personas vulnerables".

Esa perspectiva la comparte la plataforma abolicionista. "Deben poder tener acceso a todos los recursos destinados a mujeres víctimas de violencia machista, así como a otras medidas específicas, que deben implementarse para su especial situación de violencia", mantiene Carracedo. "El Estado tiene la obligación de reparar la violencia del que han sido objeto, entre otros motivos por la inacción o actuación institucional". En definitiva, resume Mora, "necesitan alternativas para que se les devuelva la libertad y la dignidad".

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