Las elecciones de Madrid vuelven a congelar la renovación del Poder Judicial
El gobierno de los jueces lleva camino de estar en funciones dos años y cinco meses y profundiza el clima de inestabilidad política e institucional.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial regresa al congelador. La causa del retraso en esta ocasión está en las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo, que han vuelto a colocar a PSOE y PP frente a frente y en pie de guerra. El nuevo aplazamiento es un síntoma más del deterioro del clima político, en el que el acuerdo no es posible ni siquiera con las instituciones constitucionales, que, en teoría, deberían estar al margen de la confrontación partidista.
La convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso segó los delgados hilos de la negociación entre ambos partidos. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, afirmó el jueves que hasta que el PSOE no dé "un giro" y se comprometa a avanzar en "la despolitización" del Consejo no hay nada que hablar. Un argumento que esconde la verdadera razón que fuentes del principal partido de la oposición reconocen, las elecciones en Madrid. En una estrategia de confrontación sin cuartel con los socialistas, el votante del PP no entendería un apretón de manos con el PSOE, y además proporcionaría munición a Vox en su tesis de la "derechita cobarde" a la que le flaquean las piernas ante el PSOE y alcanza acuerdos.
De esta manera, el Consejo lleva camino de estar dos años y cinco meses en funciones, un periodo de interinidad nunca visto desde la aprobación de la Constitución en 1978. Con el agravante de que desde abril estará despojado de la facultad de efectuar nombramientos en la carrera judicial. El próximo mes entrará en vigor la reforma legislativa impulsada por los socialistas y Unidas Podemos para que no pueda designar jueces ni magistrados en las plazas vacantes. El presidente, Carlos Lesmes, y los veinte vocales se limitarán desde ese momento a cobrar el sueldo con su actividad reducida casi a los trámites administrativos. El PSOE, aunque de puertas para afuera insiste en negociar la renovación, se encuentra en una situación similar a la de su rival y tampoco encaja bien en su estrategia electoral el acuerdo con un PP al que sitúa cada vez más escorado hacia la extrema derecha.
Anormalidad y desprestigio
Así las cosas, la anormalidad institucional y el desprestigio del Consejo se prolongara 'sine die' en medio de un ambiente político envenenado por la abortada moción de censura en Murcia, el adelanto electoral en Madrid, y la segunda moción en Castilla y León que se sustanciará hoy. Una crisis política e institucional que sumada a la sanitaria y la económica dibujan un cuadro de inestabilidad inédito.
El órgano de gobierno de los jueces concluyó su mandato en diciembre de 2018, por entonces los dos partidos mayoritarios habían hecho los deberes y tenían un acuerdo para reemplazar a los vocales. Pero un mensaje telefónico del que fuera portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus compañeros para jactarse de lo beneficioso que era el pacto para el PP -controlaba el Supremo por "la puerta de atrás" con Manuel Marchena- frustró la operación. Las turbulencias de 2019, con elecciones generales en abril y noviembre, y autonómicos, municipales y europeas en mayo, impidieron que se reanudasen las conversaciones.
Los negociadores retomaron sus contactos el año pasado y en verano había un acuerdo al "99%", como precisó Pedro Sánchez. Pero la salida de España del rey emérito en agosto y la cascada de informaciones sobre su presunta fortuna oculta motivaron unas duras críticas de Podemos a la monarquía parlamentaria que para Pablo Casado fueron razón suficiente para frenar el pacto. Un nuevo acercamiento entre García Egea y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, se quedó desactivado por las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. Los posteriores contactos se enredaron por el veto a dos vocales que el PP consideró afines a Podemos. Y en esas llegaron las elecciones en Madrid.
