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El final de un arsenal manchado de sangre

Cerca de 1.400 armas intervenidas a ETA y los Grapo entre 1977 y 2005 serán destruidas este jueves tras un acto en un colegio de guardias civiles en Madrid.

Parte del material incautado a ETA en una pasada operación en Berriozar, Navarra.
Parte del material incautado a ETA en una pasada operación en Berriozar, Navarra.
Villar López/EFE

El 17 de octubre de 1984, Vicente Gajate, de 33 años, natural de Salamanca, casado y con dos hijos, fue asesinado en Rentería por pistoleros de ETA. Este policía municipal estacionó su vehículo cerca de su casa, a las 22.00. Volvía de trabajar cuando varias balas le esperaban a la vuelta de la esquina. Afiliado al PSOE y a UGT, su muerte conmocionó a sus vecinos, que salieron en masa para protestar contra el atentado. "ETA traidores, matáis trabajadores", corearon con rabia en la plaza del pueblo. Dos años después, la Audiencia Nacional condenó a los integrantes del comando Pepe Barros a 29 años de prisión como autores del crimen.

Las pistolas que usaron los etarras José Ramón Zabaleta, Francisco Javier Garmendia y Andrés Michelena para asesinar al agente municipal forman parte del arsenal que la Audiencia Nacional ordenó destruir en septiembre de 2016. Han pasado cuatro años y medio desde que la Sala de Gobierno del tribunal central, en la que entonces estaba el hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, acordó por unanimidad eliminar las cerca de 1.400 armas intervenidas a ETA y a los Grapo entre 1977 y 2005. Un material que ha estado sujeto a históricos sumarios sobre terrorismo y cuyo recorrido judicial llegó a su fin tras concluir el procedimiento y la pertinente verificación de la Policía Científica.

Este jueves se celebrará un acto simbólico en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro (Madrid), para ejecutar la decisión de la Audiencia Nacional. Un proceso de destrucción definitiva de 1.377 armas completas y 19 piezas fundamentales que permanecían bajo custodia de la unidad de Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El evento tendrá un marcado cariz político pese a su origen judicial. Contará con la presencia de Pedro Sánchez y del ministro Grande-Marlaska, entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Están invitados, además, altos cargos del Gobierno vasco, jueces, policías, fiscales o asociaciones de víctimas. Tras ello se procederá a la fundición de las 697 pistolas, 172 revólveres, 274 subfusiles y el resto de fusiles de asalto, rifles de precisión o escopetas de ánima lisa.

Comandos itinerantes

El 90% del material que se eliminará corresponde a ETA. Fue incautado a diferentes comandos en ese espacio temporal de 28 años. Cabe destacar las infraestructuras que la banda terrorista tenía en Navarra, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa o Madrid, que a lo largo del tiempo fueron desarticuladas con el nombre de diferentes 'taldes'. Por ejemplo, el comando Motrico en 1978, Donibane en 1981, el citado Pepe Barros que asesinó a Vicente Gajate, Olloki en 1986, Txalupa en 1987, Txarito en 1988, Lamboa en 1994, Sugoy y Galiza en 1996, Andalucía en 1998 y Bakartzo en 2002.

Este último comando fue el responsable del asesinato del concejal socialista Juan Priede en marzo de hace 19 años en Orio (Guipúzcoa). El edil asturiano de 69 años, padre de tres hijos, recibió tres disparos por la espalda en el bar donde solía tomar café. Por estos hechos serían condenados Ignacio Javier Bilbao y Unai Bilbao a 45 años de prisión.

Además de la pistola que mató a Priede, el 10% del armamento incautado que será destruido era de los Grapo. Destacan las pistolas Star, las nueve milímetros o los revólveres Astra. Fue intervenido tras la desarticulación de diversos comandos en Madrid, Barcelona o Santiago de Compostela en los años ochenta.

Tras el acto de Valdemoro, las 1.377 armas serán trasladadas por la Guardia Civil a una fundición, se levantará acta del proceso y se dará cuenta a la Audiencia Nacional. En esta partida no se incluyen armas sujetas a procedimientos judiciales todavía en instrucción, los crímenes de ETA sin resolver, por ejemplo, o las entregadas por las autoridades francesas en febrero de 2018, que formaban parte de más de 50 procedimientos penales instruidos en el país vecino entre 1999 y 2009.

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