Hacienda niega que conociera la segunda regularización fiscal del Rey emérito

Los socios de Sánchez piden una comisión de investigación en el Congreso, pero el PSOE vuelve a oponerse.

El rey Felipe VI escucha a su padre, Juan Carlos I, durante un acto celebrado en Palma de Mallorca en abril de 2018
El rey Felipe VI escucha a su padre, Juan Carlos I, durante un acto celebrado en Palma de Mallorca en abril de 2018
Afp

La Agencia Tributaria no tuvo conocimiento previo de que el Rey emérito iba a efectuar una regularización de 4,4 millones de euros por sus deudas con el fisco. Tampoco le dio un trato de favor al no abrir una inspección a pesar de las numerosas informaciones sobre sus presuntos ingresos irregulares. La ministra María Jesús Montero hizo este martes ambas afirmaciones para salir al paso de las crecientes sospechas sobre la supuesta pasividad de Hacienda con Juan Carlos de Borbón.

La ministra portavoz aseguró tras la reunión semanal del gabinete de Pedro Sánchez que con esta segunda regularización fiscal -la primera fue en diciembre y ascendió a 670.000 euros-, no está zanjada la relación del anterior jefe del Estado con la Agencia Tributaria porque el pago no implica que haya conformidad. "No termina ningún proceso", avisó. Hacienda abrirá ahora una inspección para comprobar si la regularización es "completa y veraz".

El abogado del emérito, Javier Sánchez-Junco, explicó en una carta el pasado 26 de febrero que el pago de la deuda se hizo por orden de su cliente, sin que hubiera "requerimiento previo" de la Agencia Tributaria, y que incluye "los intereses de demora y recargos" por los servicios recibidos de la fundación Zagatka en concepto de "viajes y servicios".

Montero no detalló qué pasos va a dar Hacienda a partir de la regularización para comprobar si el padre de Felipe VI ha saldado toda su deuda o si quedan otros asuntos fiscales por arreglar. Lo que no va a hacer Hacienda es investigar de dónde ha salido el dinero para cubrir los 4,4 millones de euros.

La suma fue aportada por una decena de empresarios amigos del monarca, que escogieron la fórmula del crédito en lugar de la donación, por la que se paga el 40% a Hacienda. Fuentes gubernamentales señalaron que corresponde a la Comunidad de Madrid investigar ese préstamo porque tiene transferida los impuestos por donaciones.

El Gobierno, además, se remitió a las investigaciones de la Fiscalía para determinar si Juan Carlos de Borbón tiene cuentas bancarias opacas en el extranjero. Por ahora, y a pesar de las abundantes informaciones en ese sentido, no hay certezas. La Agencia Tributaria señaló, a requerimiento del juez instructor del caso Villarejo, que "no hay constancia de que S. M. el Rey Emérito posea cuentas corrientes en el extranjero". Las tres investigaciones de la Fiscalía de Supremo tampoco han avanzado en ese sentido y no ha presentado querella alguna contra el anterior jefe del Estado. No obstante, la fiscal general,_Dolores Delgado, se atribuyó que las pesquisas del Ministerio Fiscal han permitido aflorar la "inimaginable" cantidad de cinco millones. "Seguramente las nuevas regularizaciones nos darán datos, y nos obligarán a realizar nuevas investigaciones y comprobaciones", indicó en el Congreso.

El PNV se suma

Los socios del Gobierno no comulgan con el punto de vista de Hacienda y este martes volvieron a presentar en el Congreso otra solicitud para crear, al socaire de la segunda regularización, una comisión de investigación sobre las actividades financieras de la Familia Real. El escrito está firmado por Esquerra Republicana, Bildu, Junts, el PDECat, la CUP, el BNG, Más País, Compromís y el PNV. La presencia de los nacionalistas vascos es una novedad porque no se habían sumado a las anteriores peticiones de investigación.

Pero la iniciativa parece condenada a seguir el mismo camino del fracaso que la media docena de iniciativas presentada en esta legislatura. El socio menor del Gobierno, Unidas Podemos, anunció su apoyo, pero los socialistas se mantienen firmes en el cortafuegos de la Corona y volverán a votar en contra junto a PP y Vox en la Mesa del Congreso.

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