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España quiere aumentar de 297 a 350 las manadas de lobos para 2030

Varias autonomías, entre las que no está Aragón, han trasladado a Planas su preocupación por darle protección al animal.

Los ecologistas destacan el papel del lobo para mantener la biodiversidad.
Los ecologistas destacan el papel del lobo para mantener la biodiversidad.
Heraldo

El Gobierno quiere que las poblaciones de lobo ibérico aumenten un 18% (17,84%) pasando de 297 a 350 manadas en España para el año 2030 y que el área de la distribución de la especie se expanda entre un 10 y un 20%. Una de las primeras medidas para conseguirlo es dejar de considerarlo especie cinegética también al norte del Duero, donde hasta la fecha está permitida su caza.

Así consta en el borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está elaborando junto con las comunidades autónomas. Una cuestión que ya ha provocado fricciones en el seno del Gobierno de Aragón y sobre la que este lunes, tras conocerse la preocupación mostrada por comunidades como Cantabria y Asturias al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, prefirieron no pronunciarse. El Gobierno del Principado está dispuesto incluso a acudir a la vía judicial para defender los planes de gestión del lobo.

El texto normativo, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende a la especie como "parte integral de los ecosistemas españoles" cuya coexistencia con los usos humanos se debe asegurar. Por ello, plantea pasar de las 297 manadas actuales -censo nacional de 2014- a las 350 de aquí a 2030. Además, busca extender su área de distribución entre un 10 y un 20% en este periodo. El borrador apuesta por asegurar su expansión "hacia el este" peninsular y "especialmente en el sistema Ibérico", así como hacia "otros territorios donde la conflictividad con los usos ganaderos sea escasa" y exista hábitat suficiente y adecuado.

Precisamente identifica a Sierra Morena -donde la especie se ha extinguido- como uno de esos lugares de "poca conflictividad". En el texto -que está en discusión con las autonomías-, el Gobierno considera que una de las causas de su extinción es "aparentemente" la caza mayor en fincas cinegéticas "privadas del sur de España". En ese sentido, apunta que "algunos" empresarios cinegéticos se quejan de que los lobos mueven las reses objeto de caza lo que provoca un "resultado de las cacerías impredecible".

Otra de las medidas del texto del departamento que dirige Teresa Ribera pasa por "perseguir y reducir a niveles irrelevantes" la persecución ilegal del lobo, sobre todo con disparos, trampas ilegales o veneno. La fórmula busca evitar conflictos a través de una mejora de la coexistencia; implantando sistemas de protección de ganado de manera "generalizada" y "con fondos públicos". Al mismo tiempo, pretende vincular las medidas de desarrollo rural y buenas prácticas agrarias para aplicar sistemas de prevención de daños.

Para compensar las pérdidas de ganado por la depredación del lobo, el borrador quiere que se establezcan sistemas de peritación "homogéneos" y pagos "ágiles y justos" a los afectados, siempre que hayan puesto en marcha medidas preventivas. Con el fin de evitar una pérdida de la capacidad productiva se promoverá un «pago adicional agroambiental» en la Política Agraria Comunitaria (PAC) que puede suponer un incremento del 30% del pago de la explotación. Además, propone adecuar infraestructuras para evitar el efecto barrera que limita el intercambio de ejemplares.

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