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Las empresas agonizan después de un año de crisis y fían su futuro al nuevo plan de ayudas

​España es el país que menos apoyo ha dado a sus compañías, que temen ser engullidas por sus competidores europeos.

El cierre de empresas afecta principalmente al sector servicios
El cierre de empresas afecta principalmente al sector servicios
G. Mestre

A punto de cumplirse un año de pandemia y crisis, las empresas están al límite. Al menos las que han conseguido mantenerse, porque más de 100.000 ya se han visto obligadas a bajar definitivamente la persiana al no poder sobrevivir al impacto que ha supuesto el coronavirus en forma de restricciones y desplome de las ventas.

Las que resisten lo han hecho porque han tirado de sus ahorros y porque han acudido a la financiación avalada por el Estado a través del ICO en estos meses. Cuando todos los empresarios creían que con el nuevo año llegaría el inicio de la recuperación, se han dado de bruces con la realidad: tercera ola, más limitaciones, retraso en la vacunación y, por tanto, una recuperación que no comenzará hasta bien entrado este primer semestre. Por eso, muchas están ya al borde de la extenuación, principalmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), sin apenas músculo financiero para resistir más.

El problema que tenían de liquidez se está convirtiendo en peligro de supervivencia. El porcentaje de las empresas insolventes se sitúa entre el 14% y el 19% en 2020, según el Banco de España, que pronostica que hasta un 10% serán inviables.

Ante esta grave situación, los empresarios lanzan un SOS al Gobierno. "Necesitamos ayuda. Estamos al límite", advierte el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que pide al Ejecutivo "no esperar sentado en la puerta hasta que llegue una vacuna" y darles "una solución". Advierten de que en esta ola ya no les sirven las actuales medidas, como los ERTE, los créditos ICO o las prestaciones a los autónomos, sino que necesitan ya el pago de ayudas directas, al estilo de lo que han hecho otros países europeos.

Los ERTE o el ICO "quizá sean de las poquitas medidas de calado que ha puesto el Gobierno de España encima de la mesa", se lamenta Cuerva, que muestra su deseo de "ser como nuestros socios europeos" y poder disfrutar de las vacaciones fiscales para 2020 y 2021 de Reino Unido, el reembolso de impuestos pagados de Grecia, las ayudas que Alemania abona a la hostelería o los bonos de 500 euros que dio Italia para el turismo.

Pese a ser el país más castigado de Europa, con una caída del PIB del 11%, España es el que menos ha gastado en forma de ayudas directas para paliar los efectos de esta crisis. Un informe del BCE publicado esta misma semana estima que las ayudas españolas representan el 1,3% del PIB, lo que supone casi una cuarta parte de lo que ha gastado la zona euro: un 4%. Estos cálculos discrepan con los que da el Ejecutivo español, que cuantifica en un 5,5% del PIB el gasto en ayudas, al incluir los ERTE, que no contabiliza el informe del BCE para ningún país y que supondrán más de 40.000 millones hasta mayo.

Algunos Gobiernos autonómicos han anunciado la puesta en marcha de programas de ayudas específicos para sectores en crisis. Pero con una heterogeneidad muy amplia y, en muchos casos, con anuncios que aún no han sido plasmados en los boletines oficiales y, por tanto, sin que ese dinero haya llegado a la calle.

El Gobierno ha recogido el guante y, presionado también por Unidas Podemos, ya ha confirmado que activará un plan de ayudas "para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia", tal y como adelantó recientemente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El objeto de debate en su departamento es cómo hacer llegar esas inyecciones de dinero público al tejido empresarial.

Lo que está claro es que no se tratará de otro programa de financiación con créditos. El ICO ya ha regado con más de 115.879 millones a casi un millón de empresas, en un 80% de los casos pymes y autónomos. "La solvencia no la arreglas ahora con más créditos", apuntan fuentes gubernamentales. Los banqueros mantienen también esa opinión. La presidenta del Santander, Ana Botín, insinuaba el pasado miércoles que el Estado analiza cómo aplicar estas ayudas porque "pymes y autónomos necesitan ahora apoyos que van más allá del crédito".

Pendientes de Bruselas

Economía ya cuenta con la estructura jurídica que le permitirá poner sobre la mesa otro plan de ayudas a las empresas que siguen sufriendo restricciones o que, indirectamente, ven caer su facturación ante la atonía de los consumidores en un mercado paralizado. La semana pasada, la Comisión Europea modificó el Marco Temporal de Ayudas permitido por la UE a los Estados miembro: amplió hasta el 31 de diciembre de 2021 la posibilidad de que cada país inyecte dinero en su sector productivo y relajó algunas condiciones para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de empresas especialmente afectadas por la crisis el Estado puede financiar parte de los costes fijos que no estén cubiertos por los ingresos hasta en 10 millones de euros por negocio, frente a los tres millones anteriores. Para activar cualquier ayuda, Economía necesita el beneplácito de Bruselas, apuntan fuentes del ministerio, donde quieren acelerar el programa para evitar que se suceda el cierre de empresas en estas primeras semanas del año.

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta el diseño del plan es la elevada atomización de empresas que hay en España y la casuística tan heterogénea por la que atraviesan. A un bar le puede ir mal porque apenas tiene clientes, mientras que el de enfrente está haciendo negocio con la venta online de comidas, sostienen algunas fuentes.

Entre las diferentes opciones hay una posibilidad intermedia que pasaría por otorgar una línea de dinero a un negocio durante un tiempo. Pasado lo peor del temporal, y si la empresa sobrevive, su dueño tendría que ir devolviendo esa cuantía de la subvención al Estado. Poco a poco.

No más impuestos

CEOE tiene claro cuál es la primera medida que necesitan las empresas: no subir los impuestos. Así lo señala a este diario su vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa, que lamenta que el Gobierno, "lejos de ayudar, lo que ha hecho es penalizar". Además, Fernández de Mesa reclama ayudas directas o reducción de deuda, aunque solo para las empresas en dificultades y que puedan ser viables "para minimizar el uso de recursos públicos y maximizar su impacto".

El que fuera secretario de Estado de Economía cree que hay sectores concretos que se están viendo muy dañados y necesitarán "algún tipo de ayuda directa que -resalta- ya han puesto en marcha otros países". Este es precisamente uno de las grandes temores que tienen los empresarios: la ventaja competitiva que tendrán cuando llegue la recuperación las compañías de los países que más han ayudado, lo que puede traducirse en que se hagan con una parte del tejido productivo español, al estar en mejores condiciones financieras.

Desde Cepyme han exigido al Gobierno una batería de medidas concretas para aliviar el problema de liquidez de las pequeñas y medianas empresas; no de forma generalizada, sino orientadas a las que lo necesiten. Piden ampliar la cuantía y los plazos de los préstamos ICO, así como redistribuir los que no han utilizado las grandes empresas; dar ayudas directas a las pymes por importe del 20% de la pérdida de facturación; aumentar los aplazamientos a la Seguridad Social y Hacienda hasta en 24 meses sin garantías, reducir el recargo de retraso del 20% al 5% o dar 'vacaciones fiscales' en 2021 cuando su facturación anual haya caído un 30% y hayan tenido pérdidas en 2020.

Por otro lado, abogan por que se haga un pago inmediato de todas las deudas del conjunto de las administraciones públicas con las pymes. Esto significaría una inyección de más de 28.000 millones, que es la deuda que acumula la Administración con la empresa privada, según datos del Banco de España.

10.000 millones del Estado para rescatar compañías en crisis

España también puso el pasado verano una medida que otros vecinos europeos llevaban aplicando desde que comenzó la crisis del coronavirus, e incluso antes: la posibilidad de inyectar dinero público en grandes compañías con problemas financieros, a cambio de una participación del Estado en su accionariado. Para ello activó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros.

La primera en pedir el rescate y la única que hasta el momento ha logrado el apoyo estatal ha sido la aerolínea Air Europa, de la familia Hidalgo. El rescate aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre suma 475 millones de euros.

En el resto de casos, las solicitudes se encuentran presentadas ante el organismo gestor de este fondo, pero aún no han sido autorizadas por el Ejecutivo. Se trata de Celsa, la mayor empresa siderúrgica española (350 millones); Naviera Armas Trasmediterránea; Duro Felguera; Wamos, el holding turístico de Springwater; o los grupos Globalia y Barceló (con 240 millones pedidos al fondo) para salvar los negocios de Halcón Viajes y de Avoris, entre otros.

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