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El Gobierno niega que oculte un informe "demoledor" del Consejo de Estado sobre la gestión de fondos europeos

El Ejecutivo dice que "es soberano" para decidir qué recomendaciones del Consejo de Estado asume cuando emite informes que no son vinculantes y que no está obligado ni a pedirlo, ni a difundirlo. Por su parte, PP y Cs creen que no se ha publicado porque es "demoledor" con la gestión del Gobierno del Plan de Recuperación.

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EFE

El Gobierno ha negado este miércoles las acusaciones del PP de haber ocultado al Congreso el informe que solicitó al Consejo de Estado sobre el decreto de la gestión de los fondos europeos porque, al tratarse de un decreto ley, no está obligado a remitirlo a las Cortes y ni siquiera estaba obligado a pedirlo.

Según explican fuentes gubernamentales, ningún real decreto ley se tramita "nunca" con informes del Consejo de Estado. De hecho, acusan al PP de haberse "inventado" esa supuesta obligación de remitir al Congreso ese dictamen del Consejo en un intento de tratar de justificar su rechazo de la semana pasada al decreto ley de los fondos, que finalmente pudo salir adelante gracias a la abstención de Vox.

En todo caso, el Gobierno explica que, tras recibir el dictamen que solicitó 'motu proprio' al Consejo de Estado, se atendió lo que se consideró apropiado y que, de hecho, se incluyeron algunas de sus recomendaciones. No obstante, el Gobierno ha querido dejar claro al mismo tiempo que "es soberano para dejarse influir en lo que se le aconseja" y que el Consejo de Estado es un órgano que asesora al Poder Ejecutivo, no al Congreso, por lo que tildan la actitud del PP de "sobreactuación".

Así, insisten en que este órgano emite informes continuamente como parte de su funcionamiento normal, y que en el caso de los no vinculantes el Gobierno hace caso de lo que considera "armonioso", pero no cuando no entra dentro de lo que son sus objetivos.

En este sentido, las fuentes consultadas insisten en que "no hay intención de ocultar nada", y aseguran que harán público el informe cuando lo tramiten y lo consideren oportuno, sin concretar más al respecto.

Un documento "demoledor"

El PP y Ciudadanos han señalado que el informe existe  y es "demoledor" y han criticado que el Ejecutivo haya ocultado este dictamen, por lo que exigen que se haga público.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, varios portavoces parlamentarios y diputados del PP y Cs han instado al Ejecutivo a que desvele el dictamen que solicitaron al Consejo de Estado antes de la convalidación del decreto de los fondos europeos.

Fuentes de Ciudadanos han señalado que se trataría de un informe "demoledor", muy crítico con el decreto ley para agilizar la gestión y determinar la gobernanza de los fondos europeos de reconstrucción.

El portavoz del grupo parlamentario de Cs, Edmundo Bal, ha desvelado que se trataría de un documento "no muy alagüeño", muy extenso, de 96 páginas y "que no da la razón al Gobierno" y que -en su opinión- estaría "muy bien fundamentado" dado el trabajo que habitualmente hace el Consejo de Estado.

"Lo único que conocemos es que es demoledor y es realista pensar que lo es porque en el expediente del decreto convalidado no está el dictamen y no lo han presentado. Lo ocultan y lo tienen guardado en un cajón", ha denunciado Bal.

Ciudadanos ha registró el lunes en el Congreso una solicitud al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para conocer con detalle el dictamen del Consejo de Estado recabado por el Gobierno de España con ocasión de la tramitación del decreto de fondos europeos.

Fuentes del PP también han asegurado que el Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado sobre ese decreto pero que al ser contrario a sus intereses decidió ocultarlo.

Se trataría de un informe que no es preceptivo pero que una vez solicitado forma parte del expediente y las mismas fuentes populares avisan de que "al hurtarlo al Congreso es un grave vicio del procedimiento que puede hacer nulo el decreto".

"¿Qué miedo tiene el Gobierno para conocer el resultado de esta función de asesoramiento jurídico al Gobierno?"

En el mismo sentido se ha pronunciado Bal que ha insistido en que si el dictamen no es vinculante "tenemos derecho a conocerlo".

"¿Qué miedo tiene el Gobierno para conocer el resultado de esta función de asesoramiento jurídico al Gobierno?", ha preguntado tras criticar que el Ejecutiva "ningunea las instituciones".

"El Consejo de Estado no es el despacho privado de abogados del Gobierno", ha incidido Bal que ha recordado que se trata del "más alto órgano asesor del Estado" que garantiza el cumplimiento de la legislación ordinaria, los derechos de los ciudadanos y "vela por la aplicación de la Ley con imparcialidad y objetividad".

Bal ha avisado de que el dictamen podría servir para "corregir los defectos" que tiene el decreto ley que ahora se tramitará como proyecto de ley y recibirá enmiendas.

Por su parte, las fuentes del grupo parlamentario popular han señalado que el dictamen debe ser público porque el Gobierno está obligado a enviar toda la información al Parlamento y advierten de que solamente se puede eludir esa obligación si el Gobierno declara secreto el contenido del informe, y entonces iría a la Comisión de secretos oficiales.

El PP cita el artículo 7 del Reglamento del Congreso que afirma que los diputados "tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas", y que "la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Congreso, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan".

También argumenta que si el Gobierno ha solicitado informe del Consejo de Estado, porque lo consideraba conveniente debería haberlo incorporado al expediente como "antecedente necesario".

El PP avisa de que la denegación de información por parte de la Administración debe estar suficientemente argumentada para no vulnerar el derecho parlamentario a la información "por lo tanto, el Gobierno no puede valerse de argumentos generales e indeterminados para denegar información".

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