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CORONAVIRUS

Moncloa diseñó en julio su plan de cogobernanza para someter a las autonomías 

El programa de actuación contra la covid que aceptaron las comunidades les negó la capacidad de decisión en el Consejo Interterritorial.

Consejo Interterritorial de Salud
Consejo Interterritorial de Salud
Borja Puig de la Bellacasa

El pasado miércoles muchas comunidades vendieron la piel del oso antes de cazarlo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Buena parte de las autonomías dieron por seguro que, visto que la mayoría de los territorios habían pedido formalmente poder adelantar los toques de queda para combatir la tercera ola, al Ministerio de Sanidad no le iba a quedar otra que arremangarse y redactar un nuevo decreto de estado de alarma que permitiera restringir los movimientos de sus ciudadanos durante la tarde. Pero no fue así.

Muchos consejeros se quedaron boquiabiertos cuando vieron que Salvador Illa, desde el inicio de la reunión, dejó claro que de ese encuentro no iba a salir decisión alguna y que no iba a haber una votación. El ministro de Sanidad, a pesar de todo, volvió a hablar de la tan cacareada «cogobernanza» de la crisis sanitaria. Pero Illa con ese palabro no se refería a lo que siempre habían creído los responsables autonómicos. No. Se estaba refiriendo al plan tejido con celo por Moncloa en verano para someter a las comunidades cuando sus pretensiones no coincidieran con las del Ejecutivo central y que desplegó todos sus efectos el miércoles ante los atónitos consejeros de Salud.

Pero ¿por qué esperaban los consejeros una votación? Porque Illa había recurrido a ese sistema, de dudosa aplicación en un Consejo donde no está previsto, el 30 de septiembre de 2020 para imponer por la fuerza a Isabel Díaz Ayuso el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y de los nueve grandes municipios de su cinturón. Entonces, el ministro de Sanidad se valió del respaldo mayoritario de las comunidades (no apoyaron el cierre Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta) para dar un barniz de legalidad a su acuerdo. Es más, incluso sacó pecho del 'resultado electoral' «El acuerdo ha sido aprobado con amplia mayoría y por tanto constituye una decisión colegiada del Sistema Nacional de Salud. Lo han aprobado el 70% de los participantes», presumió Illa.

Si Salvador Illa hubiera dejado repetir esta 'votación' el pasado miércoles, el adelanto del toque de queda hubiera sido, sin duda, una realidad. Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia o Melilla habían anunciado cándidamente su voto a favor en un plebiscito que el Gobierno esta vez no iba a permitir.

Y no lo iba a hacer -según admiten fuentes gubernamentales- por dos razones: porque sabía que lo iba a perder y ello iba a obligar al presidente Pedro Sánchez a volver a desgastarse en el Parlamento para obtener el apoyo a un nuevo estado de alarma y porque el Ejecutivo no tenía ninguna obligación legal de atender las peticiones de las comunidades aunque éstas fueran mayoritarias o casi unánimes.

«Respuesta temprana»

Todo lo que ocurrió el miércoles -admiten estas mismas fuentes- estaba previsto por Moncloa desde que el pasado julio, tras el fin del primer estado de alarma, el Gobierno puso en marcha, bajo el título de 'Plan de Respuesta Temprana en un escenario de Control de la Pandemia por covid-19', su estrategia para seguir controlando directamente la crisis sanitaria aunque siempre bajo el supuesto paraguas de la 'cogobernanza'. En ese documento de 72 páginas, que todas las comunidades entonces aceptaron de facto y sin analizarlo en profundidad en plena embriaguez por la llegada de la 'nueva normalidad', el Gobierno fijó la hoja de ruta que ahora está utilizando para imponer sus criterios sin discusiones.

Es cierto que en el plan se subrayaba que «las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados en la evaluación y gestión del riesgo». También es cierto que se certificaba que sería en «el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud» donde se acordaría la «gestión estratégica y la respuesta ante las amenazas sanitarias». Pero el Gobierno jamás prometió que fuera a seguir las indicaciones de las comunidades. Tampoco nada parecido a una votación.

Es más, ya dejaba claro que iba a tener la sartén por el mango, aun sin estado de alarma en vigor como ocurre en la actualidad. «En caso de que se considere necesario adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias comunidades autónomas, corresponderá su declaración al Ministerio de Sanidad, previo conocimiento del Consejo Interterritorial y con audiencia de las comunidades directamente afectadas», apuntaba ya el texto, vaticinando que las autonomías tendrían voz pero no voto si el virus, como así ha ocurrido, volvía a golpear.

En aquel plan que pasó prácticamente desapercibido para las autonomías -recuerdan en Sanidad- el Gobierno, incluso, ya anticipaba que podía, como así ha hecho en dos ocasiones desde el confinamiento total de primavera, recurrir al estado de alarma (lo hizo para obligar a Madrid a cerrarse perimetralmente el Puente del Pilar como lo hizo el 25 de octubre para permitir los confinamientos perimetrales de municipios o autonomías). En ese texto, Sanidad ya avisó que el Ejecutivo central tenía en mente la posibilidad de declarar nuevos estados de alarma «en todo o parte del territorio nacional», si lo veía necesario.

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