coronavirus
Desmontando a los negacionistas
El Colectivo Humanos Conscientes y Libres ha organizado una marcha en Madrid que sostiene en una serie de reivindicaciones.
Este sábado, 23 de enero, tiene lugar en Madrid una marcha que los convocantes han denominado "por la libertad". Se trata del Colectivo Humanos Conscientes y Libres, que aseguran no pertenecen a ningún partido, por lo que el evento "tiene un carácter apartidista". "Todo el mundo es bienvenido siempre y cuando respete el derecho del prójimo a pensar diferente", añaden en su página web. Ese mensaje lo acompañan con una serie de puntos, siete aspectos que reivindican y que han ido cambiando conforme se acerca la fecha de la marcha.
Uno de ellos es la "recuperación de nuestros derechos, el derecho a la libertad de expresión, opinión, movimiento y reunión que bajo el pretexto de una emergencia sanitaria nos han sido arrebatadas, así como el derecho a trabajar, cuya suspensión está causando la ruina de la pequeña y mediana empresa nacional". Alberto Nicolás, catedrático de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, considera que "el derecho a la libertad de expresión no ha estado nunca en almoneda". Un derecho fundamental que se reconoce en el artículo 20 de la Constitución y que "el estado de alarma no ha restringido en absoluto". Además, añade que todo el mundo es libre de expresarse en los términos que considere convenientes, "siempre que no se incurra en descalificaciones personales injuriosas o calumniosas".
Nicolás lo ejemplifica con las opiniones que se vierten sobre la pandemia, por ejemplo, en los medios de comunicación, y que no son objeto de censura judicial: "Ni siquiera opiniones extremas incompatibles con la defensa de derechos fundamentales. Estos postulados tan cuestionables se basan, precisamente, en el derecho a la libertad de expresión, a pesar de que la evidencia demuestre que son equivocados".
El catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza apunta que cualquier persona "puede opinar libremente lo que quiera. Otra cuestión es la trascendencia moral que pueda tener su criterio, al margen de que ningún reproche quepa efectuar desde el punto de vista jurídico".
En cuanto a la referencia al derecho de movilidad, Alberto Nicolás menciona que estaría incluido dentro de la llamada libertad deambulatoria, con origen de alguna manera en el artículo 17 de la Constitución como un derecho fundamental y que el artículo 19 concreta en la posibilidad de movernos donde queramos. "Sin embargo, esa libertad de movimientos colisiona frontalmente contra otro derecho constitucional y fundamental, que está por encima de la libertad individual, que sería el de la vida -expone el catedrático-. Entonces, ese derecho de movilidad tiene que ceder en favor del derecho a la vida y también para preservar el derecho fundamental a la integridad física". También añade que "el derecho al movimiento y a la libertad están íntimamente ligados al derecho del disfrute a la vida misma, pero para eso tiene que existir esta última" y apela a la "empatía del ser humano", para valorar que "nuestra libertad concluye cuando se contrapone a la ejecución de los derechos individuales de los demás".
Alberto Nicolás explica la referencia a la libertad de reunión: "También es un derecho fundamental protegido constitucionalmente en el artículo 21 de la Constitución Española. Dicho derecho fue limitado de forma indirecta con el confinamiento domiciliario". Conforme la pandemia avanzó se ha limitado y en la actualidad se pueden congregar cuatro personas, una cifra que a juicio de Nicolás "no sería excesivo. Ni jurídicamente, ya que tiene el respaldo de una declaración de estado de alarma, ni científicamente, porque ha quedado acreditado que un mayor número de personas concentradas en un mismo espacio aumenta la posibilidad de comprometer el derecho a la vida y a la integridad física, en su vertiente de un mayor número y probabilidad de contagios, atentándose, en consecuencia, contra otro derecho constitucionalmente protegido, que es el de la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución". "Si se pone en riesgo la vida, el resto de derechos claudican por completo", sentencia.
El derecho a trabajar o al trabajo -en el artículo 35 de la Constitución- y el de empresa -en el 38- tampoco son fundamentales, sino constitucionalmente protegidos, por lo que tendrían que ceder ante el posible compromiso del derecho a la vida y a la integridad física. Se han dado situaciones en las que se ha limitado la actividad empresarial y el empleo, pero "a cambio, se ha puesto en marcha una protección social específica para el trabajador, que le permite percibir la prestación de desempleo, sin que suponga merma del periodo máximo de su disfrute y en un porcentaje uniforme en todo momento, ventajas que no contempla este subsidio dentro de su regulación general. Además de ello, y en buena parte de las ocasiones relacionadas con la suspensión de la actividad por pandemia, el empresario se exonera de la obligación de cotizar a la Seguridad Social".
En el segundo punto, el colectivo propone un "debate científico" con "expertos independientes de la industria farmaceútica". Sobre la mesa cuestionan, entre asuntos sanitarios, las vacunas. Las asociaciones españolas de Pediatría y Vacunología, así como las sociedades españolas de Microbiología, Inmunología y de Virología han manifestado su apoyo y asesoramiento a la vacunación contra la covid-19. Recuerdan que se ha demostrado que las vacunas son "la única opción disponible", al menos en la actualidad, para evitar una enfermedad. En concreto, sobre las que se han desarrollado hasta el momento -Pfizer BioNTech y Moderna, avaladas por la Agencia Europea de los Medicamentos y por la Administración Americana de Fármacos y Alimentos, respectivamente-, apuntan que se han trabajado con ARN mensajero. Se trata de "una molécula natural que producen nuestras propias células humanas y contiene la información necesaria para la producción de las proteínas constituyentes de cada célula (…). Consisten en ARN mensajeros modificados para producir la proteína S (del inglés 'spike' o espícula) del SARS-CoV-2. Este ARN mensajero se vehiculiza mediante vesículas lipídicas, que permiten que el ARN llegue al interior de las células humanas, donde se producirá la proteína S, sin riesgo de que pueda integrarse en su ADN". El sistema inmunológico reconoce la proteína S como "algo extraño" y genera anticuerpos.
La eficacia de estos antídotos se han situado entre el 94,5% (Moderna) y 95% (Pzifer). Las entidades científicas que firman el comunicado donde se expone lo anterior también sostienen que las vacunas reducen la probabilidad de desarrollar formas moderadas o graves de la enfermedad. Sin embargo, defienden que es necesario que se siga haciendo uso de medidas de protección como mascarillas, el lavado de manos o la reducción de aforos en determinados lugares. Además, mandan un mensaje rotundo: las vacunas contra la covid-19 no servirán para controlarnos o para modificarnos genéticamente. "Las vacunas son fruto del progreso del ser humano y se llevan empleando cientos de años para evitar padecer enfermedades y como consecuencia de ello secuelas importantes, así como muertes prematuras", concluyen.
El Colectivo Humanos Conscientes y Libres también reivindica "la actuación de la Justicia para que depure responsabilidades por lo sucedido en las residencias con nuestros ancianos y en el sistema sanitario". Una petición que el catedrático de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, Alberto Nicolás, rebate: "Estamos en una situación de absoluta excepcionalidad y anormalidad. En esas circunstancias concretas, la depuración jurídica de responsabilidades se antoja complicada. ¿ se podría haber gestionado mejor? Sí, pero eso lo sabemos después. En el mes de marzo y abril no había medios suficientes, ni humanos ni materiales, ante la descomunal avalancha mundial. A pesar de ello, a todo el mundo se le ha atendido con los disponibles en cada momento, así que no se puede decir que se haya producido 'homicidio por omisión del deber de socorro' -una afirmación que también emite el colectivo-". En este sentido, Nicolás se muestra orgulloso de la clase funcionarial: "Creo que España estará siempre en una deuda hacia nuestro personal sanitario y con todos los empleados públicos que han estado en primera línea de combate, postergando su bienestar personal y familiar".
Asímismo, el colectivo negacionista habla de "fármacos experimentales". Un aspecto que las asociaciones y sociedad científicas contraponen: "Las tecnologías de vacunas basadas en ARNm ya habían sido desarrolladas previamente como estrategias vacunales frente al cáncer, lo que ha permitido el 'reciclaje' y readaptación de desarrollos tecnológicos ya existentes".
Entre los puntos que también reclaman destaca "la liberación de la infancia y la juventud de las actuales y deshumanizadoras normas". Mónica González Trigo, miembro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, acusa que "donde más se está notando es en la salud mental, en aquellos niños que han disminuido su contacto social". Esta 'coach' Infantil y psicopedagoga expone que los niños más pequeños "lo van llevando mejor", siendo los jóvenes los más afectados. También recuerda que las escuelas no están siendo un foco de contagio y aclara que "muchos niños aún no han faltado a clase porque no se enfrían, ni cogen piojos, ni otitis o se encuentran mejor de sus alergias. Hay menos traumatismos por caídas, menos de otras dolencias que se nos habían hecho más habituales".
González Trigo propone retomar la vida social, aunque sea en el exterior: "debería de permitirse algunas posibilidades para retroalimentar las relaciones humanas". Esta profesional hace balance y apuesta por evaluar "cuánto bueno tenemos y no lo habíamos valorado hasta ahora". Mónica González también destaca que "lo más importante, como en todo momento de crisis, no es el golpe que se nos ha venido, sino la actitud con la que se lo toman las personas. A los niños les enseñamos que, cuando tienen un problema, deben encontrar soluciones; los adultos debemos hacer igual: ¿cuál es la solución que está en tu mano?".
Otra de la reivindicaciones negacionistas es la "invalidación de la deuda adquirida". Nicolás explica que "buena parte va a ser asumida por la Unión Europea. Hay que pagarla para dar muestras a la comunidad internacional de que el estado que la adquiere es serio, cumplidor y solvente". Piensa en el futuro y razona que, si no se paga la deuda, "no obtendremos crédito futuro y, por tanto, no podremos hacer frente a situaciones tan excepcionales como la que tenemos ahora". La forma de devolución es un debate que deja sobre la mesa.
Por último, el Colectivo Humanos Conscientes y Libres defiende que los humanos somos "dueños de nuestra vida y de nuestro futuro". "Si ese derecho a la vida, entendido como libertad de vivir como queramos, va contra otros derechos elementales que estamos revisitando continuamente, como la vida o la integridad física, tendrán que ceder hacia esos derechos colectivos circunstanciados en el derecho individual de cada persona que forma esa colectividad. Y no es una vulneración, es una limitación temporal", expone.
En cualquier caso, Nicolás se muestra optimista: "Podemos sortear esta situación en un futuro próximo, no más de un año quizás, para volver a tener una vida similar, no igual, porque habrá suspicacias y temores, iniciales al menos, a contagiarnos. No obstante, creo que el mundo es lo suficientemente perfecto como para sobreponerse de este tipo de adversidades, y lo ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es un bache más que se puede sortear en virtud de los medios técnicos y científicos que tenemos en pleno siglo XXI".
