El Gobierno catalán reactiva el dispositivo del 14F, pero alerta del "riesgo" sanitario
El decreto que aprobó el Govern el viernes, ha asegurado Budó, tiene una "sólida base jurídica" y justifica el aplazamiento porque "las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso electoral".
El Gobierno catalán ha acordado "reactivar todos los procedimientos" para preparar las elecciones del 14F, aunque ha alertado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de los "riesgos" sanitarios que implica celebrarlas en esa fecha.
Tras la reunión semanal del Govern, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, y el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, han comparecido en rueda de prensa para reaccionar a la decisión del TSJC de suspender cautelarmente el decreto de la Generalitat que aplazaba las elecciones catalanas al próximo 30 de mayo.
Budó ha subrayado que el Govern "no comparte" la decisión del TSJC porque el aplazamiento responde a unos criterios "sanitarios y epidemiológicos" que "continúan plenamente vigentes", y ha anunciado que este jueves, antes de que expire el plazo a las 10.00 horas, se presentarán "alegaciones" ante el tribunal.
El decreto que aprobó el Govern el viernes, ha asegurado Budó, tiene una "sólida base jurídica" y justifica el aplazamiento porque "las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso electoral".
Tanto Budó como Solé han reclamado al TSJC la "máxima celeridad" para resolver los recursos presentados contra el aplazamiento, para no alargar la "inseguridad jurídica" provocada a su entender por su decisión de suspender cautelarmente el decreto del Govern.
Budó ha hecho hincapié en que el TSJC aún no ha entrado a valorar "el fondo de este decreto", por lo que antes de tomar una decisión definitiva espera que lea "todos los informes" que acompañan al decreto impugnado y no ignore los "criterios epidemiológicos".
Solé, de quien depende el área encargada de procesos electorales, ha destacado que votar en unas condiciones epidemiológicas como las previstas para mediados de febrero puede "poner en riesgo la salud" de los electores, mientras que Budó ha alertado de que ese "riesgo no ha cambiado" desde el viernes.
Cuando se firmó el decreto, ha razonado Budó, los informes y proyecciones epidemiológicas indicaban que la celebración de las elecciones el 14 de febrero "no era recomendable", porque "no está garantizado el derecho a la participación ciudadana", hay "muchas medidas restrictivas" y ese día puede haber "entre 150.000 y 200.000 personas en cuarentena", por ser positivos o contactos de positivo.
Mientras el TSJC sigue analizando los recursos, el Govern ha vuelto a poner en marcha todos los preparativos y trámites electorales para poder votar el 14F.
Desde la conselleria que dirige Solé ya se ha dado orden de "reactivar todo el dispositivo electoral, a la espera de que el TSJC resuelva de manera definitiva" los recursos contra el aplazamiento.
Así, los ayuntamientos ya pueden continuar con la elección de los miembros de las mesas electorales, ha explicado el conseller.
Por otra parte, las solicitudes de voto por correo que se hayan hecho hasta ahora -unas 35.000 hasta el 12 de enero, según fuentes de la Generalitat- siguen siendo válidas.
Pese a las dudas jurídicas suscitadas por el decreto, que abre la puerta a que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, firme un decreto de convocatoria de elecciones para el 30 de mayo pese a que el marco legal vigente no contempla esa competencia para un sustituto del president, Budó ha avalado la legitimidad del aplazamiento.
Aragonès "en estos momentos tiene las competencias y las funciones de presidente", ha dicho Budó, que ha defendido la base jurídica del decreto y ha evitado responder a su compañero en JxCat y vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, que ha sugerido alguna "dimisión" tras la decisión del TSJC.
Además, Budó ha recalcado que el aplazamiento generó "unanimidad" política y ha descartado que el TSJC pueda mover "aleatoriamente" la fecha electoral: "Si se posponen, 30 de mayo. Si no se posponen, 14 de febrero".
