Las primeras medidas de la ley Celaá comenzarán a aplicarse en pocas semanas
Un Senado fracturado aprueba la octava reforma educativa en tiempo récord y sin cambiar una sola coma del texto del Congreso.
La ley Celaá, la octava norma educativa de la democracia, ya es una realidad. El Senado, en un pleno largo y bronco, con duras descalificaciones y frecuentes interrupciones, aprobó hoy de manera definitiva una norma que, como las siete anteriores, nace sin consenso, con los puentes para el diálogo escolar aparentemente rotos, y con la división frontal del Parlamento. Gobierno, izquierda y nacionalistas de ERC y PNV en el 'sí' y PP, Ciudadanos y Vox en el 'no' más beligerante y rotundo. Se aprobó con 142 votos a favor -nueve por encima de la mayoría absoluta necesaria-,112 en contra y las abstenciones de JxCat y EH Bildu.
La tormenta política en torno a la norma, no obstante, continuará. El bloque del 'no' ha prometido impugnarla ante el Tribunal Constitucional y derogarla en cuanto cuenten con mayoría para ello -"nace muerta", aseguran-. Y la revuelta naranja de la concertada no va a parar. Pero ni una cosa -el recurso no se resolverá en años- ni la otra podrán impedir que la ley comience a desplegar sus primeros efectos en muy pocas semanas.
Aunque los cambios con los que la Lomloe derogará la Lomce del PP se aplicarán de forma escalonada en los tres próximos cursos, solo 20 días después de su inminente publicación en el BOE la ley entrará en vigor y muchas de sus disposiciones serán ya directamente aplicables. De hecho las primera palabras de la ministra de Educación fueron para remarcar esta idea: «Ya podemos decir que la Lomce es pasado».
"Haremos que Lomloe se cumpla"
Es la razón de que las comunidades del PP, lideradas por Madrid, y en una estrategia de obstrucción de la ley proclamada por el propio Pablo Casado, han comenzado a acelerar la puesta en marcha de los procesos de escolarización para el curso 2021-2022, los expedientes de cesión de terrenos públicos a centros privados, o a prorrogar la duración de sus acuerdos con los centros concertados. "Somos el muro de contención", confesó el senador popular Pablo Ruz. "El Ejecutivo y el Poder Judicial sabrán cómo hacer que la ley se cumpla", respondió Celaá.
Uno de los bloques directamente aplicables, que regirá ya esta primavera en todas las autonomías que no hayan activado su escolarización antes de la entrada en vigor de la Lomloe, son los cambios en el proceso de admisión de alumnos, con el final de la "demanda social" y de los distritos únicos que facilitaban la ampliación de plazas en la concertada, la prioridad de entrada a los centros por cercanía y renta, o la creación de comisiones de escolarización con el encargo de evitar la segregación escolar con un equilibrio de alumnos con necesidades de apoyo -vulnerables, discapacitados o migrantes- entre centros públicos y privados.
También estará en vigor la prohibición de cerrar prórrogas o nuevos conciertos con centros que segregan por sexos, de ceder terreno público a la privada, el aumento del control sobre cuotas no voluntarias cobradas por la concertada, o la vacuna contra el 'pin parental' de Vox con la declaración de gratuitas -y por lo tanto obligatorias- de todas las actividades complementarias.
La publicación de la Lomloe también permitirá la recuperación de competencias y de poder de profesores, padres y alumnos en los Consejos Escolares, donde volverán a ser mayoría para designar al director -que deberá realizar un curso formativo para presentarse- y donde de nuevo serán quienes aprueben el proyecto educativo y la programación del centro. Ya de cara al próximo curso, entrarán en vigor todas las medidas dispuestas para convertir la repetición de curso en algo "excepcional" y otras como la posibilidad de sacar Bachillerato con un suspenso.
El esprint que el Gobierno emprendió en septiembre para lograr que la Lomloe entrase en vigor cuanto antes ha vivido su capítulo más llamativo en el Senado, donde la reforma se ha tramitado y finalizado en un tiempo récord, en menos de un mes. La Cámara alta tenía de plazo hasta finales de febrero para debatir el proyecto de ley, pero PSOE y Unidas Podemos, con la ayuda determinante de ERC y PNV, ha rechazado hasta la última de las 647 enmiendas presentadas por el resto de grupos, con lo que el texto fue aprobado sin cambiar ni una coma del respaldado el 19 de noviembre por el Congreso. Ahorra dos meses de tramitación y, al no aceptar enmiendas, evita que el aprobado final lo tenga que dar el Congreso en marzo. La estrategia recibió duras críticas en el pleno del resto de grupos, incluidos varios del bloque del 'sí', porque consideran que han ninguneado y "despreciado" la labor del Senado como cámara de segunda lectura de las leyes.
