Sindicatos y patronales han coincidido este martes en la necesidad de dotar de fondos adecuados a las residencias para prestar una atención y empleo de calidad y de mejorar la cualificación de los trabajadores al tiempo que han rechazado que se demonice tanto a la plantilla como a los establecimientos.

Así lo han puesto de manifiesto durante su comparecencia en la Comisión especial de estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón de las Cortes que ha recibido al presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita; a Marina Ladrero, vocal de CEOE en representación de PADIS (Patronal Aragonesa de la Discapacidad); a la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Delia Lizana, y a la secretaria de Formación y Empleo de UGT, Purificación Huerta.

López de Hita, encargado de abrir las comparecencias, ha reclamado mayor apoyo para este sector empresarial, "muy potente", en su mayoría pequeñas empresas, al que la pandemia de covid-19 le ha cogido "desprevenido", con una falta de preparación técnica y de medios y que se ha tenido que enfrentar a una "demonización" por parte de la sociedad que "ha sido incapaz de comprender la situación, de los medios de que disponían y los resultados".

"No se pude demonizar a las residencias. Si la covid ha sido grave en el sistema sanitario, en los establecimientos sociosanitarios ha sido más", ha subrayado el presidente de Cepyme, para quien el coronavirus ha sido como "un ataque al corazón de la sociedad. Nos ha hecho darnos cuenta de los vulnerables que somos".

Por eso ha abogado por revisar la estructura e introducir innovaciones que permitan al mayor permanecer en su domicilio con atención y ayuda, a su juicio, más barato que una plaza de residencia.

Mientras en Suecia la aportación a este sector es del 3 %, en España es del 0,7 %, ha evidenciado López de Hita, quien pide por tanto fondos adecuados y fomentar la capacitación técnica y humana de los profesionales, que es lo que "va a redundar en el beneficio de los usuarios", no solo el incremento de los salarios que "son bajos -ha dicho- porque las estructuras de las residencias no dan para más".

El líder de la pequeña y mediana empresa ha reclamado además una ley de calidad asistencial, mayor control para revisar la calidad del servicio y corregir errores y apoyar a este sector. "No se pude llamar solo a la gente cuando lo hace mal", ha sentenciado.

Desde PADIS, Marina Ladrero ha incidido en el "esfuerzo titánico" que han realizado las residencias para las que pide apoyo continuado del sector sanitario, con personal de referencia y un criterio de actuación único, "independientemente del centro de salud al que pertenece", porque, ha asegurado, "hay grandes diferencias".

Realización de pruebas de detección de covid-19 y acceso inmediato a test de diagnóstico, equipos de protección, protocolos, registros y formación y refuerzo de personal son otros aspectos en los que ha incidido Ladrero quien aboga por devolver a la atención la dimensión humana, con mayores espacios y menos hacinamiento, mediante un modelo de hogar y convivencia basado en dimensiones familiares y no institucionales.

Ladrero ha subrayado además que los usuarios de las residencias de discapacitados, en general gente joven, necesitan cuidados específicos, con medidas y protocolos distintos, actividades de ocio y formación.

Por CCOO, Delia Lizana ha lamentado la estigmatización que han sufrido los trabajadores, en su mayoría mujeres, en lugar de "poner el foco en que no se estaban poniendo medidas de protección".

Ratios adecuadas por categorías, turnos y patologías, financiación adecuada y suficiente, refuerzo de las inspecciones, pruebas de detección del virus, recuperar la atención como eje prioritario es lo que reclama Lizana, así como adaptar la normativa a la realidad y una evaluación de la Ley de Dependencia, tras la "fragilidad" que ha demostrado la covid-19.

Desde UGT, Purificación Huerta cree que la pandemia ha puesto de manifiesto además las necesidad de un nuevo modelo residencial y de atención domiciliaria y en la que prime la calidad del servicio, planes de contingencia permanentes, una auditoría para detectar errores y poner medios y una financiación suficiente que mejore la calidad del empleo en un sector, ha denunciado, "infravalorado" y con condiciones "precarizadas".