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El Consejo del Poder Judicial lleva dos años atascado por el contexto político
El PP insiste en que tiene "voluntad" de acuerdo, el PSOE dice que el pacto ya está, pero no habrá renovación de vocales hasta el próximo año.
El Consejo General del Poder Judicial cumplió el pasado viernes dos años en funciones y sin visos de que se vayan a renovar sus 20 vocales. Un bloqueo del que PSOE y PP se culpan, pero hay un tercer culpable, el contexto político. Un tablero encrespado como pocas veces es el principal freno para que los populares hagan la menor concesión, y mucho menos con un acuerdo de tantos quilates para los próximos cinco años.
En estos 24 meses, el pacto ha estado dos veces en el horno, en noviembre de 2018 y este último verano. Un inoportuno mensaje telefónico del portavoz del PP en el Senado frustró el primer acuerdo, y las críticas de Unidas Podemos a la Corona malograron el segundo. En ambas oportunidades los populares se echaron atrás. Pero los negociadores nunca han dejado de hablar. El Gobierno estaba tan convencido de que a la tercera iba la vencida que hace un mes el ministro de Justicia puso fecha al alumbramiento del pacto, el 6 de diciembre (este domingo). De eso, nada, replicó enseguida Pablo Casado. Y, en efecto, nada.
"Voluntad de acuerdo"
El negociador del PP, Enrique López, aseguró que tiene "voluntad de acuerdo porque somos un partido de Estado, porque nos obliga la Constitución y porque nos obligan las leyes". El PSOE, por su parte, asegura que el acuerdo está cocinado, diez vocales elegidos a propuesta suya, los otros diez para el PP, y un presidente de consenso. Hasta han cruzado nombres para presidir el gobierno de la judicatura. Han saltado a la palestra el exministro socialista Tomás de la Quadra-Salcedo y la magistrada del Supremo Pilar Teso. Ambos avalados por la parte gubernamental. El PP no lo confirma porque, sin negar que sigue en la mesa de diálogo, rechazan que haya avances.
El principal partido de la oposición se ha encastillado en que el Gobierno cumpla sus tres condiciones, y desdeña los mensajes que recibe de la contraparte socialista porque son "señuelos", según Casado. El PP exige que Unidas Podemos quede fuera de las negociaciones y del Consejo, que Pedro Sánchez retire la reforma que rebaja las mayorías para elegir a los vocales de tres quinto a la mitad más uno, y que se despolitice el Consejo. Esta última no deja de ser llamativa cuando los dos negociadores son magistrados, el socialista Juan Carlos Campo y el popular Enrique López.
El Gobierno está empeñado en sellar un acuerdo y mezcla el palo con la zanahoria. Ha archivado la reforma de las mayorías, pero ha propuesta otra para impedir que un Consejo en funciones haga nombramientos. El actual ha designado en su interinidad medio centenar de jueces y magistrados, y tiene en la recámara una treintena, incluidas siete plazas en el Supremo.
Sánchez ha relegado a su socio minoritario a un segundo plano en las conversaciones pero no acepta el veto de los populares. Lo de la despolitización es un adorno exigido por las asociaciones judiciales.
El "contexto político"
El problema es de "contexto político", reconocen en el PP. No sería de recibo que en medio de una ofensiva contra los acuerdos presupuestarios y educativos del Gobierno con Esquerra y Bildu, contra el papel de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, y en puertas de unas elecciones en Cataluña, Casado se descolgara con un acuerdo para renovar el Poder Judicial. Sería una estocada a la tesis de que el PP es la referencia de la oposición al Gobierno. "Vox tendría una gran baza", apunta un diputado popular con la vista puesta en las urnas catalanas, un test clave para el PP, que se juega verse superado por los de Santiago Abascal.
Este contexto político adverso al pacto también ha estado presente en los anteriores desacuerdos. Cuando no era el nombramiento de la exministra Dolores Delgado fiscal general, eran las críticas de Podemos a la Monarquía. Siempre han surgido obstáculos para que el PP estampe su firma para renovar un Consejo en el que la mayoría conservadora entre los vocales es de doce a ocho. Ya lo dijo el secretario general, Teodoro García-Egea: "Prefiero que el Poder Judicial siga como está a hacer una mala negociación".
Existe, además, otro problema, y es de fondo, la desconfianza de Casado con Sánchez. Está convencido de que es "un gran trilero", epíteto de la factoría de la calle Génova. No ayudan tampoco las formas de gobernar del líder socialista, que ha sometido al jefe de la oposición a una estricta dieta informativa. "Ni le llama ni responde a sus llamadas", protestan los populares. El propio Casado se quejó el pasado el pasado lunes: "Llamé a Sánchez hace cinco semanas y no me ha devuelto la llamada".
Si la comunicación fuera más fluida, otro gallo cantaría en la renovación del Poder Judicial, afirman en el PP. Un lamento que comparte más de uno en el PSOE, que cree que esta falta de comunicación es un error.
