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Nacional

Sánchez esgrime la Constitución ante las protestas contra la Lomloe

"Lo que queremos es modernizar y garantizar la equidad y la excelencia en nuestro sistema educativo", ha señalado el presidente.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado necesaria la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo frente a las protestas de que ha sido objeto este domingo, y ha esgrimido la Constitución ante las críticas a la eliminación en ella del castellano como lengua vehicular.

Sánchez ha sido preguntado por esas protestas contra la nueva reforma educativa, conocida como 'ley Celáa', en la conferencia de prensa que ha ofrecida al término de la cumbre telemática de los líderes del G20.

El jefe del Ejecutivo no se ha referido en ningún momento de forma explícita a las movilizaciones de esta jornada, pero ha subrayado que es evidente que España necesitaba modernizar y reformar su sistema educativo.

Eso es lo que asegura que hace la ley impulsada por el Gobierno y que ha recordado que ha sido refrendada por mayoría absoluta en el Congreso.

Tras señalar que la vigente hasta ahora solo fue apoyada por la mayoría absoluta con la que contaba el PP en su momento, ha insistido en que va a haber más modificaciones relacionadas con el ámbito educativo.

Así, ha repetido, tal y como avanzó el pasado viernes en La Rioja, que se aprobará una nueva ley de formación profesional para consolidar la de carácter dual, que ha dicho que está infradesarrollada en España.

"Lo que queremos es modernizar y garantizar la equidad y la excelencia en nuestro sistema educativo", ha añadido.

Respecto a las críticas relativas a la eliminación del castellano como lengua vehicular, se ha remitido al artículo 3 de la Constitución y al cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa.

"Lo que se hace es garantizar en aquellos territorios donde no sólo se habla castellano, el que los estudiantes puedan aprender esos otros idiomas", ha añadido.

Ha recalcado, asimismo, que el Gobierno considera que la pluralidad lingüística es un enorme activo para la sociedad española y, por ello, la nueva ley cumple el mandato constitucional de garantizar la enseñanza, la educación y el aprendizaje de las lenguas cooficiales. 

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