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La RAE está "preocupada" por que la 'ley Celaá' pueda "cuestionar el uso del español"
Los académicos dicen no ser competentes para "pronunciarse sobre su constitucionalidad", pero sí recuerdan al Gobierno que debe garantizar su conocimiento y libre utilización.
La Real Academia Española (RAE) puso este jueves por la noche negro sobre blanco las serias dudas que algunos de sus miembros tienen sobre los posibles efectos perniciosos que traerá la eliminación del castellano como lengua vehicular en la nueva ley educativa, conocida como 'ley Celaá'. Coincidiendo con su aprobación en el Congreso pocas horas antes, los académicos mostraron su «preocupación» por que está polémica normativa «no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna».
Así se recoge en una nota que emitió la institución tras su pleno. En ella, sin embargo, la RAE se reconoce no competente «para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad», en relación a los recursos que ya han anunciado varios grupos parlamentarios -el PP y Vox, al menos- al estimar que fundamentalmente la parte referida al castellano vulnera lo que recoge la Carta Magna.
No obstante, la Academia asevera que «sigue atentamente» lo concerniente a este respecto, primero en el debate ya cerrado en la Cámara Baja y ahora en su «continuación en el Senado» en las próximas semanas. Allí, una vez aprobada con una mayoría de izquierdas y nacionalista similar a la obtenida en el Congreso, se convertirá en la octava ley educativa de la democracia actual.
En todo caso, «la RAE confía en que el legislador no se desviará -advierte- de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar». En este sentido, destaca sobremanera que el español conforma una «comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas» y que «más de 485 millones lo tienen como lengua materna».
«Esta circunstancia le convierte en un bien de valor incalculable, patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización», insiste. Por ello, la RAE se ofrece al Gobierno y al Parlamento para «prestarles el asesoramiento que se considere necesario», en aras a aclarar hasta qué punto podría en juego el uso del castellano-esto es, del español- al desarrollar las comunidades autónomas la nueva normativa educativa.
