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La ley Celaá prioriza la cercanía al centro y la renta para acceder a la escolarización

Se incluye el establecimiento de las mismas áreas de influencia para los centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito territorial.

Celaá
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Efe

Una enmienda de PSOE y Unidas Podemos ha acordado que la reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, fije como criterios prioritarios en la admisión de alumnos, cuando no haya plazas suficientes en un centro, la proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de sus padres y la renta.

Se recoge así en una de las enmiendas parciales aprobadas esta semana en la Ponencia o grupo de trabajo de la Lomloe que trabaja dentro de la Comisión de Educación del Congreso, han señalado Efe fuentes parlamentarias.

"Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, y la renta per cápita de la unidad familiar", señala la enmienda.

A continuación, se establece: "Asimismo, se tendrá en cuenta el que los padres, madres o tutores legales trabajen en el centro, la condición legal de familia numerosa, de alumnado nacido de parto múltiple, de familia monoparental, la situación de acogimiento familiar del alumno o alumna o la concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos y la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo".

"Ninguno de estos criterios tendrá carácter excluyente, ni podrá suponer más del 30 % del total de la puntuación máxima" para la matriculación.

La motivación de esta enmienda es, para los partidos que conforman el Gobierno de coalición, "destacar los principales criterios que se han de tener en cuenta en el proceso de admisión" en los centros públicos y concertados.

Por otra parte, otra enmienda de los citados grupos parlamentarios fija que las Administraciones educativas "garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas de admisión".

Para ello se incluye el establecimiento de las mismas áreas de influencia para los centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito territorial, en función de las enseñanzas que imparten y de los puestos escolares autorizados.

Las áreas de influencia garantizarán la aplicación de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio o lugar de trabajo y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea.

En ningún caso las características propias de un centro o de su oferta educativa, como que el centro imparta enseñanzas plurilingües, tenga reconocida una especialización curricular o participe en una acción destinada a fomentar la calidad, podrán suponer modificación de los criterios de admisión, se especifica.

Además, se podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión cuando la demanda de plazas en algún centro del ámbito de actuación supere la oferta, incluidas las plazas reservadas para el alumnado con necesidades de apoyo educativo.

Estas comisiones supervisarán especialmente las normas relativas "a evitar la segregación" del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza y estarán integrados por representantes de la Administración educativa y local, de las familias, del profesorado, del alumnado en su caso y de los centros públicos y privados concertados.

La Ponencia sobre la Lomloe está estudiando -y aprobando en su caso- las más de 1.160 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y está previsto que terminen de hacerlo en noviembre para después redactar el texto definitivo del proyecto de ley educativa que deberá ser votado en el Congreso. 

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