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Nacional

El endurecimiento de las restricciones anticipa un nuevo estado de alarma

Fuentes gubernamentales no descartan que este domingo se celebre un Consejo de Ministros extraordinario con este asunto en el orden del día. Si no, la decisión se retrasaría hasta el martes, cuando se celebra el Consejo de Ministros ordinario.

Dos agentes de policía nacional montados a caballo vigilan las inmediaciones de la Puerta del Sol un día antes del término del estado de alarma, en Madrid
Dos agentes de policía nacional montados a caballo vigilan las inmediaciones de la Puerta del Sol un día antes del término del estado de alarma, en Madrid
EP

Un nuevo estado de alarma se abre paso para poder encajar legalmente las medidas cada vez más expeditivas que se precisan contra la transmisión descontrolada del coronavirus en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha colocado en el debate en una declaración institucional y ocho comunidades autónomas y Melilla han pedido o tienen previsto pedir este sábado su declaración. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que en el caso de decretarse, la región lo apoyaría. 

La declaración institucional de Sánchez desencadenó una caótica cascada de peticiones casi inmediatas (País Vasco lo reclamó menos de una hora después de que hablara el presidente). En realidad, las palabras de Sánchez no habían significado ninguna variación del marco jurídico respecto a la situación anterior ni eliminaban obstáculos la declaración del estado de alarma. Todo seguía igual. Desde hace meses, el presidente del Gobierno ha invitado a las comunidades autónomas a pedir esta figura constitucional, pero hasta este viernes ninguna se había atrevido a hacerlo por temor a las consecuencias políticas de decretar las restricciones.

Con los "toques de queda" como último bastión antes de la línea roja del confinamiento domiciliario, País Vasco, Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Melilla y este sábado Castilla-La Mancha se han unido a la demanda, que cuenta con el apoyo de Cs, cuya líder, Inés Arrimadas, ha emplazado al líder del PP, Pablo Casado, a que se sume a una iniciativa que de momento no ha solicitado ninguna región gobernada por su partido.

Pasadas las diez de la noche de este viernes, Cantabria también ha dado el paso y ha anunciado que solicitará al Gobierno central que decrete el estado de alarma. La petición se formalizará este sábado, y el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha defendido la declaración del estado de alarma para tener "cobertura legal" en las decisiones a adoptar.

"Se necesita la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno para tener cobertura legal en las medidas que adoptemos las autonomías", ha manifestado el regionalista en Twitter, donde ha considerado que "las comunidades autónomas debemos homologar medidas similares en todo el territorio español"   

Con los peores datos de la segunda ola de la pandemia, la situación ha cambiado y el estado de alarma se ha vuelto un instrumento imprescindible para tomar medidas. La declaración del estado de alarma en estas comunidades, una facultad que está en manos del Consejo de Ministros, se decretará en los próximos días. Fuentes gubernamentales no descartan que este domingo se celebre un Consejo de Ministros extraordinario con este asunto en el orden del día. Si no, la decisión se retrasaría hasta el martes, cuando se celebra el Consejo de Ministros ordinario.

Sánchez, con tono y gestos de primera ola y apelaciones a la unidad y la disciplina social, ha advertido de que vienen "meses muy duros" y de que no hay otro camino que reducir contactos y desplazamientos más de lo que han hecho hasta ahora las autonomías, concentradas en dosificar las medidas y evitar las más expeditivas.

La situación epidemiológica es grave, lo es desde hace muchas semanas como ya habían vaticinado los expertos a la vista de la crudeza del verano. Este viernes se han consignado 19.851 casos y 231 fallecimientos. La incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 361,66 con once autonomías por encima de esa media. Las hospitalizaciones se elevan a 14.539, 2.031 en la UCI.

"La situación es grave y es preciso actuar con determinación", ha dicho Sánchez, que ha añadido: "Debemos adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios causando el menor daño económico posible y las menores restricciones para las libertades personales. Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas".

Tras insistir en que España está ahora mejor preparada respecto al pasado 14 de marzo, cuando se decretó el primer estado de alarma, el presidente del Gobierno, sin anunciar ninguna medida, ha abogado por "buscar el equilibrio" entre la salud pública, las repercusiones sociales y la garantía de derechos y libertades.

Estado de alarma autonómico

Cada comunidad quiere el estado de alarma para sus propios fines, pero sobre todo, para blindarse jurídicamente a la hora de establecer restricciones, después de que los tribunales hayan expresado su rechazo, a través de resoluciones, a algunas de las medidas puestas en marcha por los ejecutivos regionales. Así lo ha señalado la presidenta de Navarra, María Chivite, que aseguró que su autonomía necesita "disponer de cobertura legal para poder adoptar otras medidas que vayan más allá de las actuales en vigor". En la misma línea se pronunció la presidenta de La Rioja, Concha Andreu: "El estado de alarma significa una sola cosa: disponer del amparo legal para poder adoptar las medidas que sean necesarias para atajar la curva de contagios. Necesitamos certezas y actuar en un marco normativo que nos ampare ante la adopción de decisiones firmes".

País Vasco, por ejemplo, busca un paraguas legal para evitar reveses judiciales como el que recibió hace una semana. Entonces ordenó la reducción de aforos, la limitación del número de personas en las reuniones y el cierre temprano de la hostelería, pero su Tribunal Superior de Justicia echó para atrás la resolución al entender que vulneraba derechos fundamentales. Ahora, podrá hacerlo.

Cataluña, cuyo Gobierno se reunió de urgencia por la tarde, quiere el estado de alarma para aplicar el toque de queda desde las once de la noche hasta las seis de la mañana Asturias, que el jueves decretó el confinamiento perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés, también quiere restringir la movilidad nocturna, igual que Extremadura.

La mayoría de las comunidades que solicitaron el estado de alarma reclamaron al Gobierno que lo declare para todo el país. Una medida así debe "adoptarse en el marco de un consenso entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España", indicó la navarra María Chivite. "Es necesario que haya una declaración del estado de alarma que afecte al conjunto del Estado", destacó Urkullu. "Esta situación requiere una horma nacional. El barco necesita capitán y aunque las comunidades autónomas gestionamos el estado de alarma no puede haber 17 estados de alarma. España no puede ser un puzle", declaró, por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Sin solicitar todavía el estado de alarma, otras comunidades han endurecido sus restricciones y plantean toques de queda 'encubiertos'. La Comunidad de Madrid prohibió reuniones en toda la región en espacios públicos y privados desde las 0.00 hasta las seis de madrugada, a excepción de convivientes, y volvió restringir la movilidad en 32 zonas básicas de salud (ZBS), que cuentan con una incidencia de coronavirus de 500 casos por 100.000 habitantes. Castilla y León también ha prohibido salir a la calle entre las 22.00 y las 6.00. Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia también están a la espera de que sus tribunales superiores autoricen o no sendos "toques de queda" nocturnos.

El "toque de queda", vigente ya en Francia, Italia o Bélgica, ha sido en buena medida el desencadenante del debate sobre el estado de alarma, después de que la Comunidad de Madrid lo pusiera fugazmente sobre la mesa y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recogiera la propuesta y pidiera "apoyos claros" para poder aplicarlo.

Cada vez más expertos que consideran este tipo de actuaciones frente a la transmisión comunitaria descontrolada meros parches y que se muestran partidarios de medidas "radicales", como un confinamiento domiciliario de entre siete y diez días para frenar en seco la transmisión.

En cualquier caso, llegar a una incidencia de 30 contagios, como hoy planteaba el presidente del Gobierno, tal y como están las cosas parece una misión casi imposible, que no sólo precisa de tiempo, sino de menos dudas y debates y más dedicación y empeño.

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