La Iglesia envía una carta a Sánchez para denunciar la reapertura de los CIE 

Cáritas y la Delegación Episcopal de Movilidad Humana, entre otros, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde critican duramente la reapertura de los centros de internamientos de extranjeros (CIE), cerrados meses atrás con motivo de la pandemia y que en las últimas semanas han comenzado a operar de nuevo.

La misiva se ha remitido también al vicepresidente Pablo Iglesias, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, así como al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, informa este martes en un comunicado la Archidiócesis de Madrid.

La carta -firmada por la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid (Comunidad de Sant’Egidio, Justicia y Paz, Cáritas, Confer Migraciones, Pueblos Unidos, Sercade, y la Delegación Episcopal de Movilidad Humana) critica la reapertura de los CIE en plena pandemia y subraya que "internar a personas en esas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y degradante".

Como ya hizo el pasado 27 de septiembre, con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, muestra su "perplejidad" por la decisión del Ministerio del Interior "en unas circunstancias que no son mejores que cuando se cerraron, con un futuro tan incierto y un umbral de incertidumbre tan alto para todos".

También advierte de que los CIE, "como reconoce la Administración, ni siquiera cuentan con la superficie mínima útil para desarrollar ninguna actividad grupal o relacional sin quebrantar la distancia de seguridad", y así se pone "en altísimo riesgo la salud de todas las personas internadas, funcionarias, empleadas en diferentes tareas o voluntarias".

La Mesa por la Hospitalidad denuncia que el Gobierno ha hecho "oídos sordos a ese clamor" y pide alternativas. "¿Tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas?", pregunta.

La carta termina con "la esperanza de que el Gobierno de España revoque una decisión tan profundamente contraria a la dignidad humana y nuestra sociedad dé un paso adelante en la búsqueda de otros mecanismos de acogida, protección, promoción e integración de los inmigrantes y refugiados".