La justicia avala las medidas restrictivas aplicadas en Cataluña
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló este viernes las medidas aprobadas por la Generalitat para luchar contra el coronavirus.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló este viernes las medidas aprobadas por la Generalitat para luchar contra el coronavirus. La mayoría de las restricciones ya habían entrado en vigor la madrugada anterior, después de que el Gobierno publicara la resolución en su diario oficial. Es el caso del cierre de bares y restaurantes para los próximos 15 días, salvo para servir comida para llevar. También todas las limitaciones de aforo de comercios, gimnasios y equipamientos culturales. Asimismo, las competiciones deportivas no profesionales, tanto las federadas como las escolares, han quedado suspendidas.
Pero faltaba el visto bueno a las medidas que por su naturaleza podían vulnerar derechos fundamentales. La Generalitat incluyó en su resolución una disposición en la que dejaba en suspenso, hasta que el TSJC se pronunciara, los tres aspectos que podían afectar a los derechos fundamentales: la prohibición de reuniones de más de seis personas, la suspensión de la actividad presencial en las universidades y la limitación del aforo las actividades de culto. El auto judicial conocido este viernes se refiere expresamente a estas tres medidas y aclara que «de ningún modo este auto se pronuncia, ni a favor ni en contra, sobre ninguno de los otros apartados de la resolución». Es posible que tenga que hacerlo en los próximos días cuando tome una decisión respecto al recurso presentado por el gremio de la restauración contra el cierre de bares y restaurantes.
Mientras, centenares de trabajadores y propietarios de bares y restaurantes se manifestaron en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra las medidas del Govern catalán. Lanzaron huevos y latas contra el Palau de la Generalitat. Según las cifras de la patronal Pimec, estas dos semanas de cierre tendrán unas consecuencias negativas para el sector de unos 780 millones y afectará de forma directa a más de 200.000 personas.
