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La Comisaría de Información asume la investigación por las amenazas que el juez García-Castellón comunicó a la Policía

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha asumido la investigación por las amenazas en redes sociales que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón derivó ayer.

Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional.
Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional.
EFE/Mariscal

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha asumido la investigación por las amenazas en redes sociales que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón derivó ayer a este cuerpo policial, poniendo en su conocimiento varias de estas amenazas que también ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según explican a Europa Press fuentes policiales, la investigación la ha asumido la unidad que rastrea delitos en redes sociales enclavada en la Comisaría General de Información, ya que fue a esta comisaría a la que se remitió el juez para ponerle en conocimiento de lo que entiende que es una campaña de desprestigio iniciada tras su exposición razonada del pasado miércoles para que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

García-Castellón, según estas fuentes, ayer no tramitó una denuncia formal al dirigirse directamente a la Policía, pero la Comisaría General de Información abrió inmediatamente una investigación al tener conocimiento de estos hechos directamente comunicados por un juez de la Audiencia Nacional.

Este viernes, el juez que pide que se investigue a Pablo Iglesias por la pieza en la que se robó el móvil de su colaboradora Dina Bousselham, dentro del conocido como 'caso Villarejo', también ha puesto en conocimiento del CGPJ la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las últimas horas en redes sociales y en algunos medios de comunicación, y que le colocan "en una situación de indefensión y de descrédito profesional".

En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia esta campaña pública que se ha iniciado contra su persona desde que se hizo público hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias.

En esa exposición razonada, de la que el Supremo ya ha solicitado informe a Fiscalía, sometía a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo -ambos aforados-, así como de otras cuatro personas. En concreto, pedía investigarlos por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

En esta pieza se investiga concretamente el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo. Algunos archivos aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Ahora en su escrito, García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".

El magistrado indica que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación". En este sentido, denuncia que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".

El magistrado sostiene que estas amenazas "podrían revestir carácter de infracción penal" y manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.

Recuerda, en este sentido, que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".

El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman 'facha', prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que está sobornado por el líder del PP.

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