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Ayuso acepta confinar Madrid tras perder el pulso con Illa
"Este Gobierno no está en rebeldía. No somos como sus socios independentistas. Aunque iremos a los tribunales", avisa la presidenta regional, que este viernes presentará un recurso ante la Audiencia Nacional
"Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía. Cumpliremos todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Eso sí, iremos nuevamente a los tribunales en defensa de los intereses legítimos de los madrileños. Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid». Isabel Díaz Ayuso acabó este jueves por acatar el cierre a partir de este mismo viernes de la capital madrileña y de las nueve ciudades más importantes de su cinturón impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que no estaba dispuesto a perder un día más después de dos semanas de tiras y aflojas entre Moncloa y la Puerta del Sol.
Ahora, ya solo la intervención de los jueces ante un más que posible recurso del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso podría salvar 'in extremis' el inicio de las cuarentenas masivas en una región que está convencida de que el confinamiento va a ir más allá de la semana prevista en un principio.
Lo cierto es que el departamento que dirige Salvador Illa no dio mucho margen de maniobra a Ayuso ni demasiado tiempo a los madrileños que quieran escapar de alguna de las diez cuarentenas que aislarán a casi 5 millones de ciudadanos. Sanidad se apresuró a publicar la mañana de este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el plan que salió adelante solo doce horas antes sin consenso en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y que establece la obligatoriedad del confinamiento de las ciudades de más de 100.000 habitantes con alta incidencia de casos de coronavirus.
No hubo sorpresas. Ni margen de cortesía a una comunidad todavía incrédula ante los confinamientos y que creía que tenía alguna esperanza de ganar el pulso a Moncloa al no haber unanimidad en el Consejo Interteritorial. El texto de Illa, tal y como recogía su redacción primigenia, da solo 48 horas a las autonomías para proceder al aislamiento perimetral de los municipios de más de 100.000 vecinos en el caso de que éstos sobrepasen las tres temidas barreras: los 500 casos de incidencia acumulada cada 100.00 habitantes; una positividad en las PCR superior al 10%; y una ocupación de enfermos de la covid en las UCI superior a 35%.
A día de hoy, la orden solo es aplicable en la región de Madrid, pues es la única que tiene a la capital y a nueve de sus grandes ciudades con tasas superiores a las fijadas por Sanidad. Además de la capital de España, la orden del BOE obliga a someter a cuarentenas a partir de las 00:00 horas de este sábado a Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. En total, a 5 de los 6,6 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid.
Moncloa se encargó de que la orden sobre la activación de los perímetros en las grandes urbes fuera notificada telemáticamente a las 22:48 del miércoles, según revelaron fuentes del Gobierno central, dejando así sin excusas al Gobierno regional para no ejecutar los confinamientos antes del fin de semana.
"Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", señaló el BOE, que subrayó expresamente que también vincula a las autonomías que el miércoles votaron en contra: Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia, Murcia y Ceuta.
Controversia jurídica
Y es ahí donde está el meollo jurídico de la cuestión. Sanidad se apoya en un informe hecho 'ad hoc' y que Moncloa hizo público este miércoles y en el que la Abogacía General del Estado avala la imposición de los confinamiento a pesar de la oposición de la comunidad y sin la necesidad de recurrir al estado de alarma. Los servicios jurídicos sostienen que "la norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISN) es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales (como el CISN). Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las Comunidades Autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso", apunta la resolución.
"Esta ley deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, incluida la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adopción de acuerdos por consenso", aseguró la Abogacía del Estado.
Sin embargo, los servicios jurídicos de Madrid creen que esta interpretación no es válida, máxime cuando se usa para limitar derechos fundamentales. La idea del Gobierno de Ayuso es reclamar la paralización cautelar de los confinamientos de las diez ciudades con el argumento de que los cierres causarán un "daño irreversible" a la economía ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
