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Nacional

Madrid pide un "alto el fuego" y Sanidad insiste en endurecer las restricciones

El ministro Illa reitera al Gobierno regional que el criterio debe ser confinar las zonas que superen los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Un sanitario le toma la temperatura a una persona en el dispositivo para realizar PCR aleatorias para detectar asintomáticos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid, en el barrio de Puente de Vallecas
Un sanitario le toma la temperatura a una persona en el dispositivo para realizar PCR aleatorias para detectar asintomáticos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid, en el barrio de Puente de Vallecas
David Obach

En el fin de semana en el que la gestión de la pandemia en Madrid rebasó los límites de lo sanitario para convertirse en una batalla política, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, terminó pidiendo "un alto el fuego" al Gobierno central para evitar sobre la bocina que desde la Moncloa volvieran a tomar el control sanitario de la región, como habían advertido el día anterior. Parecía que todos los puentes estaban quemados, pero se volvió al diálogo -al menos momentáneamente- con la condición de imponer medidas extra que traten de paliar la expansión incontrolada de la epidemia en la región.

Aguado, que había mantenido un perfil bajo en los días anteriores, telefoneó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Estos le trasladaron que el Gobierno "siempre está dispuesto a ayudar", recordaron que "esta es una guerra epidemiológica, no ideológica", e insistieron en que Madrid "debe ponerse del lado de la ciencia" y seguir las recomendaciones de los sanitarios.

Estas pasan por aislar los barrios y municipios que estén soportando una incidencia acumulada de más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Un movimiento que genera recelos porque ambas partes son conscientes del coste político que supone confinar de facto prácticamente toda la capital y las ciudades más importantes de la comunidad. No obstante, los datos epidemiológicos lo justificarían, ya que la incidencia media de la región se sitúa en los 721,73 casos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de toda la Europa continental.

Mientras la sombra de la intervención sigue planeando sobre Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mantiene que solo aceptaría este aislamiento si Sanidad obliga al resto de las autonomías a confinar a las áreas que también superen la ratio del medio millar de infectados. En esa situación se encontrarían cuatro capitales (Pamplona, Guadalajara, Ciudad Real y Palencia), las localidades riojanas de Calahorra y Arnedo; Carlet, en la Comunidad Valenciana; Lucena, Linares y Arahal, los núcleos más poblados entre los 34 de Andalucía que entrarían en esta clasificación; Ibiza, y la localidad toledana de Talavera de la Reina, entre otros.

Ayuso fija la línea roja en que "Madrid no se puede cerrar", como aseguró por la noche en una entrevista en Antena 3. También pidió al Gobierno ayuda militar y policial para "asegurar que se cumplen las cuarentenas". También anunció que realizará cinco millones de test en los distritos más afectados para detectar nuevos contagios.

Pero al igual que pasó el viernes, cuando Sanidad contraprogramó su rueda de prensa, en La Sexta, a la misma hora, Illa le respondía a la dirigente popular que "en Madrid hay que actuar con determinación y tomar el control", una sentencia que hace pensar que la situación sigue enconada.

Estado de alarma

El consejero se refiere a las posibilidades que el Gobierno tiene sobre la mesa en el caso de que no reciba una respuesta que considere satisfactoria para contener la pandemia por parte de Madrid. En la Moncloa no contemplan la aplicación del artículo 155 porque, aunque consideran que el Ejecutivo regional ha cumplido el requisito de "atentar gravemente al interés general de España" al no ampliar las cuarentenas, defienden que la intervención de la autonomía, como ocurrió en Cataluña, solo se justificaría si el Ejecutivo de Ayuso se rebelara de forma "contumaz" contra la autoridad del Estado.

La posibilidad que va ganando enteros, en cambio, es la de aplicar un estado de alarma modulado geográficamente sobre la Comunidad de Madrid. Sobre este espacio se podrían llevar a cabo las medidas necesarias de restricción de derechos fundamentales sin necesidad de contar con la aprobación de ningún juez. Todo siempre que el Gobierno de Ayuso se negara a tomar acciones más drásticas.

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