La Moncloa estudia tomar el control sanitario de Madrid si Ayuso no rectifica

Solo hay un antecedente en toda la historia de la democracia española de un enfrentamiento tan grave entre el Gobierno central y una autonomía 'díscola'. Fue en otoño de 2017 en Cataluña durante el 'procés' y acabó con la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cree que haga falta imponer un artículo 155 a la Comunidad de Madrid pero la situación es harto delicada. "Todos los puentes están rotos", admiten desde ambas partes mientras el virus sigue desbocado en la capital de España y su conurbación. Y es que en la Moncloa, desde este sábado, ya estudian la fórmula legal para hacerse con el control sanitario de la región si el gabinete de Isabel Díaz Ayuso se resiste a confinar, al menos, a los 3,2 millones de habitantes de la ciudad de Madrid y limitar seriamente los movimientos a los restantes 3,4 millones vecinos de la región.

La Abogacía del Estado que asesora a Sánchez -por el momento- cree que no haría falta una medida tan drástica como la aplicación de un 155 porque, aunque considera que el Ejecutivo regional ya ha cumplido el requisito de estar actuando "gravemente contra el interés general de España" al no ampliar las cuarentenas, sostiene que la intervención de la autonomía solo se justificaría si el Ejecutivo de Ayuso se rebelara de forma "contumaz" contra la autoridad del Estado, como ocurrió en Cataluña.

En la Moncloa, así las cosas, apuestan por otras dos vías menos virulentas. La primera sería la de ordenar las cuarentenas a través de la Ley General de Salud Pública de 2011, una medida que no necesitaría ningún refrendo parlamentario. La segunda sería la aprobación de un nuevo decreto de estado de alarma en el que el Ministerio de Sanidad modulara el espacio geográfico de la aplicación (la Comunidad de Madrid) y las medidas de restricción de los derechos fundamentales.

Diferentes responsables de la Moncloa explicaron que el Ejecutivo de Sánchez quiere evitar cualquier enfrentamiento con la comunidad y que ya el lunes, después de que entrara en vigor el aislamiento de las primera 37 zonas sanitarias básicas, el Gobierno central instó al gabinete de Ayuso a cerrar todas las áreas de la región que sobrepasarán una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. O lo que es lo mismo, confinar la totalidad del término municipal de la ciudad de Madrid y buena parte de las mayores ciudades de la autonomía.

Coordinación inexistente

Portavoces del Gobierno central insisten en que Sánchez ya le comunicó a Ayuso el mismo lunes en la reunión bilateral en la que ambos trataron de escenificar una coordinación inexistente que en Sanidad creían que los "confinamientos selectivos" de los barrios más castigados por la covid no iba a tener ningún resultado. En la sede del Gobierno regional de la Puerta del Sol negaron este sábado, una vez más, que el departamento de Salvador Illa haya reclamado el endurecimiento de medidas hasta que el propio ministro, el pasado viernes, "reventó" la rueda de prensa en la que Madrid anunciaba el cierre de ocho nuevas zonas.

Después de que Illa hiciese saltar con su comparecencia en Moncloa los endebles puentes tendidos entre las dos administraciones, el propio titular de Sanidad fue el encargado este sábado de rubricar la declaración de guerra con Ayuso. Illa, desde Barcelona, convocó una reunión telemática de sus expertos, para así tener la excusa de una nueva intervención pública para redoblar su presión sobre Madrid.

El ministro de Sanidad no se anduvo con rodeos. Ayuso y su equipo, dijo Illa, tienen que "revisar sus decisiones y escuchar a la ciencia". "Cuando digo que está en riesgo la salud de sus ciudadanos, lo digo porque es así", apuntó el titular de Sanidad. Illa insistió en que su llamamiento lo hizo "desde la máxima lealtad institucional", al tiempo que reclamó que se deje a un lado la lucha partidista. "Esto no es una batalla ideológica; es una batalla biológica contra el virus", reiteró el ministro.

Los responsables de Sanidad reconocieron que la intervención de Illa pudo ser "casi un ultimátum", después de que el Gobierno de Ayuso haya "desoído por completo" tres de las cuatro indicaciones hechas esta semana por el Ejecutivo central: el cierre de todas las áreas sanitaria con más de 500 casos, la prohibición del consumo en barra y la restricción de la ocupación de las terrazas al 50%. La comunidad solo ha acogido la petición de recomendar evitar los desplazamientos innecesarios en toda la región, la medida de menos calado.

Que el conflicto cada vez se encona más lo demuestra el hecho de que la única persona que era nexo de unión entre las dos administraciones decidió tirar la toalla. Emilio Bouza, el exjefe de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Gregorio Marañón, dejó su cargo como portavoz del Grupo Covid-19 dos días después de su nombramiento. "Me afirmaron su voluntad de concordia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema. Creí en lo que se prometía (.) sin embargo, las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento", señaló Bouza.