Felipe VI lamenta el veto del Gobierno ante los jueces, que cierran filas con la monarquía

Si aún quedaba alguna duda, este viernes quedó resuelta. Felipe VI no compartía la decisión del Gobierno de no autorizarle a acudir a Barcelona al acto de entrega de despachos de la nueva promoción de jueces, todo pese a que la Casa Real ya había aceptado la invitación. "Me hubiera gustado estar", así se lo hizo saber el Rey por teléfono al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que durante la ceremonia mostró su malestar por la ausencia del monarca -por primera vez en su reinado- y afeó al Ejecutivo haber tomado una decisión que, según el magistrado, "va más allá de lo protocolario".

Pero la llamada del Monarca a Lesmes fue interpretada por algunos ministros de Unidas Podemos como una "maniobra contra el Gobierno". Así lo expresó por la tarde en la red social Twitter el titular de Consumo, Alberto Garzón, que la calificó de "sencillamente insostenible". Minutos después, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, exigió en otro mensaje neutralidad a Felipe VI: "Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales". El presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, afirmó directamente que "sería fantástico" que el Monarca "no volviera nunca más" a Cataluña.

Sin embargo, fuentes de Casa Real describen la conversación entre el Rey y el presidente del CGPJ como "una llamada de cortesía con el objeto de trasladar su felicitación personal a la nueva promoción de la carrera judicial". También aseguran que estas no tuvieron "consideraciones institucionales respecto del acto ya celebrado".

Las acusaciones de Iglesias y Garzón contrastaron con la versión dada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que por la mañana había agradecido a don Felipe que "sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad". Calvo tampoco quiso confrontar posturas con el CGPJ, que lleva más de dos años en funciones y permanece a la espera de un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Partido Popular que permita la renovación de sus miembros.

El cruce de mensajes acabó opacando un acto en el que Lesmes afeó al Gobierno la decisión de vetar a Felipe VI en el acto mediante un discurso que sirvió para fijar la postura del CGPJ frente a la polémica. Un mensaje con el que el órgano se sumaba a la oleada de malestar entre la mayor parte de la carrera judicial y a la que también se han unido el Partido Popular y Vox.

La entrega de los despachos, de enorme valor simbólico para sus protagonistas -que en el caso de la 69 promoción está formada por 33 mujeres y 29 hombres-, marca el inicio de la carrera de un juez. Por ello el también presidente del Tribunal Supremo recalcó su "lamento" por "romper con una tradición de 20 años (...) que también responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial". Lesmes recordó que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey" y considera que la presencia de Felipe VI en el acto tenía una "una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles".

A su lado estuvo sentado el ministro de Justicia, el también magistrado Juan Carlos Campo. Cuando el acto finalizó entre gritos de "¡Viva el Rey!" secundados por la mayoría de los asistentes, se pudo escuchar cómo Campo recriminaba a Lesmes que "se han pasado tres montañas". Aunque posteriormente aseguró no reconocer su voz en la grabación.

Desde el Ejecutivo siguen sin ofrecer explicaciones concretas. El propio Campo se vio obligado a salir a defender el jueves la exclusión del Rey justificando que detrás de ella hay "todo un paquete de razones". Acabó insinuando, eso sí, que realmente obedecía a motivos de seguridad. "Hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la monarquía", afirmó.

Conflictividad en Cataluña

El titular de Justicia se refería a la inminente decisión del Supremo sobre la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Un fallo que preocupa al Ejecutivo, que teme una oleada de protestas como las vividas hace justo un año tras la sentencia a los políticos independentistas juzgados por el referéndum del 1-O.

Desde la oposición lo interpretan como otro guiño más a ERC para atar su apoyo a los Presupuestos de 2021. "¿Solo puede ir a Cataluña quien no moleste al independentismo?", se preguntaba el secretario general del PP, Teodoro García Egea.