El Gobierno planea "resignificar el Valle de los Caídos" para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las "30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto", ha avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Calvo, que ha presentado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, ah dicho que esa "resignificación" se hará en el futuro y está aún por estudiar.

Exhumación de víctimas con fondos públicos

Entre las novedades de la ley, destinada fundamentalmente a exhumar, identificar y reparar a las víctimas, está la futura conmemoración de dos fechas: el 31 de octubre, fecha en que se aprobó el proyecto de Constitución española de 1978 en el Congreso de los Diputados y el 8 de mayo como efeméride para recordar a quienes lucharon contra el nazismo y el fascismo.

Calvo también ha avanzado que se cambiará el nombre el Panteón de Hombres Ilustres, donde las mujeres están "desaparecidas", por el de Panteón de España, y se le dará relevancia enterrando en él a personalidades ilustres. La vicepresidenta ha hecho una encendida reivindicación de Clara Campoamor, la impulsora del voto femenino en España, porque "se le debe la aplicación exacta y precisa de la soberanía popular".

Por otro lado, ha afirmado que la ley pretende "proteger para el futuro los archivos de la Presidencia del Gobierno de España", tener "útiles" los archivos históricos hasta el momento anterior a la democracia y traer a España archivos de personalidades insignes que se encuentran fuera del país.

La norma que arranca ahora su tramitación, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avanza en la senda que ya abrió la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y, entre otras cosas, incluye una condena expresa del golpe de Estado militar de 1936 y la dictadura franquista.

Asimismo, recoge que será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, al considerarse que son contrarias al interés general, lo que llevará previsiblemente a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

A este respecto, también contempla que las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas.

Asimismo, el anteproyecto declaran ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista, como por ejemplo, la del que fuera presidente catalán durante la II República, y fusilado por el franquismo, Lluís Companys.

La vicepresidenta primera ya avanzó la semana pasada que esta iniciativa también servirá para poner en marcha un plan de exhumaciones sufragado con recursos públicos, reconociendo así el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar y conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido, y a la identificación y sepultura digna, dando traslado al Ministerio Fiscal los indicios de comisión de delitos que se aprecien al realizar estas localizaciones e identificaciones.

Y a propuesta de Unidas Podemos, se contempla que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española. "Los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España, podrán acceder a la nacionalidad española. Ya era hora de decir desde el Gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir", ha celebrado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las redes sociales. 

Según las fuentes consultadas, la nueva ley de memoria democrática introduce además un régimen sancionador ante posibles acciones u omisiones contrarias a esta ley, como por ejemplo la destrucción de fosas, la destrucción o menoscabo de lugares de Memoria Democrática o elementos simbólicos, la falta de adopción de medidas para impedir o poner fin a actos de exaltación del franquismo que menosprecien a las víctimas.

Asimismo, se impulsarán actuaciones para el reconocimiento y reparación de las víctimas de trabajos forzados, incluyendo la señalización de lugares para su identificación y recuerdo, el impulso para que empresas u organizaciones que se beneficiaron de ello (constatadas mediante un censo) adopten medidas de reconocimiento y reparación, y la confección de un inventario de edificaciones y obras realizadas por Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.