La denuncia del exabogado de Podemos amplía el frente judicial al que se enfrenta el partido

De todos los problemas con los que Podemos se esperaba topar en 2020, los judiciales han sido los más imprevistos. A los derroteros que ha acabado tomando el 'caso Dina', la pieza del 'caso Villarejo' que investiga el robo del teléfono móvil en 2015 de la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham, ahora se suma también la denuncia que el exabogado del partido José Manuel Calvente ha interpuesto contra la formación por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal.

El caso se encuentra actualmente en manos del titular del Juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que ha citado a declarar al propio Calvente este miércoles. El exletrado de Podemos, que fue despedido en diciembre de 2019 bajo las acusaciones de hostigamiento y acoso sexual hacia una excompañera, la también abogada Marta Flor -que defendía a Bousselham en el 'caso Villarejo-, sostiene que existieron supuestas irregularidades en la gestión del partido de las que él tuvo conocimiento por el cargo que ocupaba y que trató de investigar. El objetivo del juez es determinar «la naturaleza y circunstancias» de los hechos y personas participantes antes de decidir si inicia una investigación.

Archivado el presunto acoso sexual

Además de él, están llamados a declarar el próximo 15 de septiembre Mónica Carmona, abogada de Podemos también despedida en diciembre de 2019, y la exasesora legal de la formación, Gloria Elizo.

Respecto a la querella que interpuso Marta Flor por presunto acoso sexual y laboral contra Calvente, la Fiscalía se pronunció pidiendo el archivo de la causa. El asunto está en manos de la magistrada Rosa María Freire (instructora del caso de los ordenadores de Bárcenas) que decidirá ahora si atiende el criterio del Ministerio Público o mantiene abiertas las diligencias.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ofrecido la «máxima colaboración» a la justicia, pero también pronostica que como ha ocurrido con todas las denuncias que hasta ahora se han presentado en los tribunales contra Podemos por supuesta financiación ilegal o malversación, «quedará en nada».

Iglesias sigue sosteniendo que la apertura de estos frentes judiciales forma parte de una estrategia para manchar la reputación del partido. «A nosotros nos llevan investigando desde que nacimos, es un elemento de salud democrática. Que se siga investigando, y que la investigación llegue hasta el final», defendió el pasado miércoles.

Comisión de investigación

Mientras tanto, PP y Vox han aprovechado el frente judicial abierto contra Podemos como una oportunidad para atacar la figura del vicepresidente segundo, del que exigen su «dimisión inmediata». Los de Abascal incluso han anunciado que se sumarán como acusación popular en el caso de que la denuncia de Calvente prospere y se abra una investigación.

Iglesias ha visto cómo el 'caso Villarejo', del que le fue retirada su condición de perjudicado tras las contradicciones mostradas por Bousselham en su declaración (admitió que ella había hecho y enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones de Telegram que acabaron publicados en medios de comunicación), se le empieza a volver en contra. Sobre todo a raíz de una entrevista en TVE a principios de julio donde confesó que retuvo la tarjeta del móvil de su exasesora sin su conocimiento para «no meterle más presión».

El vicepresidente defiende que es una «víctima» y reta a la oposición a llevar el caso a una Comisión de investigación en el Congreso, «en la que también comparezcan el expresidente Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sánez de Santamaria».