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Borrás se niega a declarar ante el juez del Supremo que la investiga por contratos irregulares

La diputada ha comunicado que no tenía intención de declarar, al menos hasta que no esté "esta evidencia empírica". Asimismo, ha indicado que una vez que se practique esta diligencia, será ella la que pida declarar de forma voluntaria.

La portavoz de JxCat, Laura Borrás, durante su intervención este martes en el Congreso donde se celebra la segunda y definitiva votación
La portavoz de JxCat, Laura Borrás, durante una intervención en el Congreso.
Mariscal/EFE

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que la investiga por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

Borrás, que ha llegado al Supremo acompañada de su abogado, Gonzalo Boye --el mismo que el del expresidente catalán Carles Puigdemont y de su sucesor en el cargo, Quim Torra-- poco antes de las once de la mañana, la hora a la que estaba citada por el juez, ha explicado que se ha negado a declarar hasta que no se practique una prueba pericial que, según ha dicho, demostraría su inocencia en relación a los 18 contratos que se investigan.

"Implicaría poder demostrar que esos trabajos se realizaron, quién es su autor, cuál es precio objetivo, que carácter de periodicidad existe entre ambos, entre todos los trabajos o incluso la unidad funcional de los mismos", ha explicado a los medios de comunicación a su salida del Tribunal Supremo, unos 15 minutos después de la hora a la que estaba citada.

Se trata de la misma prueba pericial que su defensa solicitó hace unas semanas y por la que pidió al juez instructor a que aplazará la declaración, si bien ante la negativa del magistrado, que acordó mantener la cita para este miércoles, Borrás ha decidido no contestar a las preguntas de las partes, incluso a las de su abogado, hasta que se practique dicha diligencia.

Contratos "correctos en tiempo y forma"

Borrás ha defendido que "todo eso no ha sido ni investigado ni probado por esta pericial" y que siempre ha sostenido que los 18 contratos adjudicados al empresario Isaías Herrero --también investigado en esta causa-- han sido "correctos en tiempo y forma".

Una vez que De Porres le ha leído sus derechos, la diputada ha comunicado que no tenía intención de declarar, al menos hasta que no esté "esta evidencia empírica". Asimismo, ha indicado que una vez que se practique esta diligencia, será ella la que pida declarar de forma voluntaria.

"Me veo obligada a defender mi inocencia", ha subrayado, al mismo tiempo que ha señalado que "desde el inicio" de la investigación --que comenzó en un juzgado de Manresa (Barcelona--) ha visto vulnerados sus derechos. Por ello, ha pedido la práctica de la pericial para contrastar las conclusiones de una investigación "prospectiva", que, según ha dicho, se ha realizado de "un modo secreto", siendo ella aforada.

"Quien quiere probar mi culpabilidad no necesita ni tan siquiera estas pruebas", ha añadido y recalcado que "colaborará con la justicia pero no con la injusticia". En este sentido, ha reprochado al juez De Porres que haya solicitado "muy rápido" al Congreso de los Diputados el suplicatorio para poder citarla a declarar como investigada --después de que la portavoz de JxCat se negara a comparecer el pasado 14 de febrero de forma voluntaria--, pero que sea "muy lento" para ordenar la practica de la pericial solicitada.

Asimismo, ha criticado que cuando recibió la instrucción realizada por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, la "aceptara" en vez de "reprobar" a la titular del Juzgado por las "ilegalidades" cometidas durante la investigación.

A su salida del alto tribunal, la delegación de diputados y senadores y una veintena de ciudadanos, entre ellos miembros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, le ha recibido con aplausos acompañados de gritos que decían "no estás sola" y "no es justicia, es venganza". Borrás ha sido preguntada por los medios de comunicación por si renunciaría a su escaño como diputada para que pudiera ser investigada por un juez ordinario, ya que perdería la condición de aforada. La portavoz de JxCat ha asegurado que no lo haría porque eso supondría "asumir una culpabilidad" que no reconoce.

Origen de la causa

La investigación apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borrás que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración "carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses" de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso.

La investigación a la diputada de JxCat nace de la instrucción que abrió un juzgado de Maresa en 2017 contra Isaías Herrero por un presunto delito de falsificación de moneda al que después se sumaron falsedad documental y tráfico de drogas. En el marco de esta causa, los investigadores analizaron las conversaciones telefónicas del "amigo" de Borrás de las que se desprendía la necesidad de preparar unas facturas.

El juzgado de Manresa finalmente se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, donde continuó la investigación y se confirmó el "modus operandi seguido en el periodo 2014-2017 consistente en dividirla contratación del servicio en contrato menores de menos de 2018", explica la resolución. Fue este tribunal el que elevó la causa al Supremo dada la condición de aforada de Borrás como diputada en el Congreso.

Prueba clave, los correos

La prueba clave se encontró en una la cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borrás señala de "forma muy explícita" a Herrero cómo debía proceder. También existen indicios de que Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.

El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señalaba De Porres en su escrito al Congreso, "permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos en importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero".

Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que tiene unos "trapis" con la diputada de JxCat: "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", dijo en alusión al ILC, sobre la que añadió que tenía que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.

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