El Gobierno tutelará a las comunidades en la lucha contra los rebrotes

El plan de posible reescalada vuelve a la "cogobernanza", pero el Ejecutivo central tendrá la última palabra.

Rueda de prensa de Salvador Illa y Fernando Simón
Rueda de prensa de Salvador Illa y Fernando Simón
J.J. Guillén

El Gobierno central quiere tutelar a las comunidades en la lucha contra los rebrotes que ya están marcando la 'nueva normalidad'. El Ministerio de Sanidad entregó este lunes a las autonomías el borrador del denominado Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19, en el que el Ejecutivo central -ahora ya sin estado de alarma alguno- se arroga el papel de director de orquesta para evitar una segunda oleada.

Un documento que insiste en que el Gobierno de la nación tendrá siempre la última palabra aunque en el texto se vuelva a usar el término de "cogobernanza", la misma expresión que se usó durante el confinamiento cuando el Ejecutivo central tenía plenos poderes tras convertirse temporalmente en autoridad única contra la pandemia.

El borrador, al que las autonomías podrán presentar "aportaciones" antes de su aprobación definitiva en los próximos días en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, subraya que el plan persigue un doble objetivo. Por un lado, reducir el "impacto" de la pandemia mediante el "fortalecimiento de intervenciones rápidas, oportunas y eficaces", un escenario en el que ya se encontraría inmersa España con más de un centenar de rebrotes activos. Por otro lado, preparar las "capacidades" del país para un panorama más negativo: una segunda ola de SARS-CoV-2, que los informes de los expertos de la Moncloa ya no descartan en absoluto, sobre todo vista la evolución de la pandemia durante este julio.

En ese plan de posible reescalada -que el Gobierno ya tiene perfilado tan solo tres semanas después de que España culminara la desescalada- se insiste una y otra vez en que "las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados", si bien también se deja claro que la "gestión estratégica" quedará en manos exclusivamente del Comité de Dirección del Covid-19 de Sanidad y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que supervisa también el departamento que dirige Salvador Illa. Según el borrador, por tanto, ninguna comunidad podrá ir por libre en su lucha contra los brotes.

Tampoco dos o más autonomías podrán coordinarse entre ellas para poner en marcha medidas que afecten a sus territorios. El plan deja en manos exclusivamente de Sanidad cualquier decisión, eso sí previo "conocimiento" del Consejo Nacional de Salud y con "audiencia" de las comunidades. En el caso de haya "situaciones de urgente necesidad", el Gobierno central podrá incluso soslayar cualquier consulta a las comunidades.

"Alerta precoz"

En esencia, todo el plan de respuesta, a falta de vacuna o tratamiento eficaz contra el coronavirus, pivota sobre la "vigilancia y la alerta precoz", al tiempo que da todo el poder al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) de Fernando Simón, que será el que realizará una "evaluación de riesgo" en coordinación con la comunidad autónoma para determinar el grado de amenaza de los brotes.

La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial que se está evaluando; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, capacidad asistencial y capacidad de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control. El texto hace especial hincapié en la necesidad de tener el músculo de respuesta sanitaria y asistencial que no tuvo la pasada primavera.

Los requerimientos a las autonomías son numerosos: sistemas de alerta precoz 24 horas al día los 365 días del año; capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; equipos de protección individual; capacidad suficiente de camas de agudos y de cuidados críticos... Todo ello al margen de que las consejerías deben disponer de "una reserva estratégica de productos críticos" para ocho semanas.

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