El Tribunal Constitucional cumple 40 años con 8.500 sentencias
En la actualidad tiene un intenso trabajo en el horizonte, la sentencia del 'procés' y la revisión del decreto de estado de alarma.
El Tribunal Constitucional cumple este domingo cuatro décadas de historia con más de 8.500 sentencias en su haber, con la paridad como gran asignatura pendiente, al haber tenido solo seis magistradas, y con un intenso trabajo en el horizonte: la sentencia del 'procés' y la revisión del decreto de estado de alarma.
Fue el 12 de julio de 1980 cuando se constituyó el tribunal de garantías, que a lo largo de cuatro décadas ha demostrado ser un valedor de la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos, tomando como referencia debida la Constitución.
Pero que también es cuestionado por los tiempos en la resolución de determinados asuntos -pasan años- y la politización en la elección de sus miembros que, aunque intervienen los tres poderes del Estado, protagonizan los partidos en la designación que establece el legislativo, 8 de 12 magistrados.
El horizonte del Tribunal Constitucional
La sentencia contra los líderes independentistas catalanes es el asunto mayúsculo en un órgano que arrastra la cuestión catalana desde el Estatut y no suelta desde que estalló el 'procés' en 2017. No hay un plazo para resolver los recursos de los nueves condenados por sedición, aunque algunas fuentes apuntan a un año vista.
La unanimidad se antoja tan complicada como una resolución favorable a los presos, que ven el Tribunal Constitucional como un trámite preceptivo antes de ir a Europa, donde tienen depositadas -desde antes incluso de que se juzgará la causa en el Supremo- todas sus esperanzas.
Mayores consecuencias políticas apunta el recurso que va a examinar la legalidad de la declaración del estado de alarma y, por tanto, la actuación del Gobierno en la mayor crisis que ha conocido España en décadas, para determinar si el Ejecutivo abusó del estado de alarma y vulneró derechos fundamentales de los ciudadanos.
El núcleo de grandes temas lo cierra la Ley de Seguridad Ciudadana -ley mordaza- cuya resolución ha quedado recientemente aplazada sin fecha ante las discrepancias entre los magistrados, cuando la sentencia ya estaba redactada. Una comisión -de progresistas y conservadores- tratará de encauzar esas diferencias.
La gran asignatura pendiente
Por el tribunal de garantías han pasado 51 magistrados. Sólo seis han sido mujeres y ninguna a propuesta de Gobierno alguno. Y sólo en una ocasión dos coincidieron en el mismo tribunal.
Es la gran asignatura pendiente del Tribunal Constitucional, como se encargaron de poner de manifiesto cuatro de ellas hace apenas unos meses en un acto celebrado por el Día Internacional de la Mujer.
Gloria Begué, ya fallecida; María Emilia Casas, la única presidenta en su historia; Elisa Pérez, Adela Asúa, Encarnación Roca, actual vicepresidenta; y María Luisa Balaguer han sido las únicas mujeres que han ocupado un asiento en el TC en 40 años. Una imagen que evidencia que algo "no va bien". La Constitución, dijeron, no se puede interpretar "al margen de las mujeres".
Una renovación que no llega
Hace ocho meses terminó el mandato de cuatro magistrados, incluido su presidente, Juan José González Rivas, y su vicepresidenta, Encarnación Roca. Desde entonces llevan esperando una renovación que, como la del Consejo General del Poder Judicial (pendiente desde diciembre de 2018), no termina de llegar por la falta de consenso entre los partidos y que, como todo, se ha visto también interrumpida por la pandemia.
Los cuatro siguen en sus puestos a la espera de que el Congreso sea capaz de consensuar los nombres de sus sustitutos, una decisión que debe contar con tres quintos del hemiciclo.
Asuntos anclados en el Tribunal
Aunque en algunos aspectos ha mejorado el tiempo de resolución de procedimientos, según su última memoria relativa a 2019, todavía hay asuntos relevantes que acumulan años entre las paredes del Tribunal Constitucional.
El más antiguo es el que presentó en 2010 el PP contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo y le sigue el de la prisión permanente revisable, introducida en 2015 por el Gobierno del Partido Popular y recurrida ante el tribunal de garantías por los grupos que entonces formaban la oposición.
Su derogación quedó "congelada" en el Congreso y el Gobierno ha preferido esperar a conocer qué opina el Constitucional, que lleva cinco años sin pronunciarse. Según apuntan a Efe fuentes jurídicas, el asunto no tiene visos de ser elevado a pleno en un futuro próximo.
