memoria histórica
Calvo anuncia un plan de exhumación con recursos públicos en toda España
La vicepresidenta ha señalado el empeño del Gobierno en no tener "fosas comunes".
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este miércoles en Valladolid que habrá "recursos públicos para un plan de exhumación por todo el territorio" y se restituirá "la ignominia" que supusieron los juicios "sin garantías" en la dictadura que al final fueron ejecutados.
Estos serán dos de los elementos de la nueva ley de la Memoria Histórica en la que está "empeñado el Gobierno", cuyo proyecto de ley depositarán muy pronto en las Cortes, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno en declaraciones a los medios antes de presidir un acto en Valladolid de entrega de declaraciones y reconocimiento personal a cuatro víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que padecieron persecución por razones políticas e ideológicas.
Ese plan de exhumación por todo el territorio se hará con responsabilidades compartidas con las autonomías que han puesto en marcha medidas en ese sentido y con los municipios que se han empeñado en "no tener fosas comunes", ha añadido Calvo.
La vicepresidenta primera del Gobierno ha añadido que esa nueva ley, en la que se van a "emplear a fondo" y que sustituirá a la "muy importante" de José Luis Rodríguez Zapatero de 2007, también recogerá un banco de ADN para identificar a los represaliados y una "resignificación del Valle de los Caídos, para que una vez que el dictador no está allí se convierta en un lugar de respeto, paz y silencio por las víctimas que allí están, de los dos bandos".
Se busca con esta nueva ley completar la anterior, seguir avanzado y cubrir los espacios y lagunas del texto de 2007 desde el axioma de "que no hay justicia sin verdad ni paz sin justicia".
Calvo ha valorado la anterior ley, en cuanto que fue la primera y además ha dado "frutos importantísimos como que la conciencia aceptada en España de que no podemos cerrar heridas sin tener la verdad, la reconciliación y la paz como frontispicios".
Y se ha referido al momento actual y al proceso judicial abierto en el que el Estado reivindica la titularidad pública del Pazo de Meirás, que "forma parte del expolio de muchos bienes que fueron públicos", para incidir en que esa nueva ley es "muy importante para la propia dignidad de la democracia española".
"Somos una de las grandes democracias del mundo y no puede tener desaparecidos ni seguir construyendo el futuro para las siguientes generaciones sobre la ignominia de esas víctimas y el dolor de sus familiares", ha reflexionado Calvo.
La vicepresidenta primera ha mostrado su preocupación por las personas mayores que pueden no ver esa restitución cumplida y ha anunciado que por ello algunos de los puntos "irán muy rápidos".
"Somos un país que tiene que sentirse muy orgulloso por la lucha por alcanzar las libertades y democracia" y eso es "un gran valor simbólico y real de la dignidad y buen nombre de España dentro y fuera del país", ha referido.
El camino de resarcimiento a las víctimas se ha abierto hoy con la entrega de cuatro declaraciones de reconocimiento a las familias de otros tantos perseguidos por la dictadura por razones políticas: Calixto Carbonero, Aurelio García, Florencio Moral y Saturnino Bilbao.
Sus nietas Rocío Carbonero, Asunción Gómez García y Beatriz Bilbao y sobrino José Capa han recogido esa declaración de reconocimiento de manos de la vicepresidenta, a las que seguirán otras cuatro, y muchas más hasta llegar a todos, ha sostenido Calvo.
"Lo fundamental es conocer la verdad, no nos mueve la venganza, es cuestión de honor", ha referido José Capa, sobrino de Florencio Moral, "fusilado por matar a nadie".
Capa ha sostenido que mientras "no se juzgue a Franco realmente no se podrán revocar" casos como el de su tío, y restituir el honor.
Calixto Carbonero Nieto, viajante de comercio, fue condenado en noviembre de 1936 en Consejo de Guerra en Salamanca por el supuesto delito de rebelión militar a la pena de 30 años de reclusión mayor y tras ser condenado a la pena capital por una supuesta sublevación fue fusilado en la Ciudadela de Pamplona.
Aurelio García Valea ocupaba en verano de 1936 el cargo de gestor en el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) y al estallar la Guerra Civil hizo lo posible porque esa localidad se mantuviese fiel al orden constitucional. Fue condenado por ello por Consejo de Guerra en octubre de 1936 a la pena de muerte por un supuesto delito de rebelión militar, y aunque la pena le fue conmutada por reclusión perpetua falleció por una endocarditis en la prisión central de Burgos el 15 de mayo de 1939.
En el caso de Florencio Moral Esteban, fue soldado del Ejército de la II República desde 1932 y durante la Guerra Civil realizó abundantes misiones de espionaje y contraespionaje en el norte de Madrid; al concluir la guerra fue condenado en juicio sumarísimo a la pena de muerte por un supuesto delito de adhesión a la rebelión militar y murió en San Lorenzo del Escorial el 19 de abril de 1939.
Y Saturnino Bilbao de Prada fue juzgado y absuelto por un supuesto delito de rebelión militar en agosto de 1936 relacionado con la toma de la casa del pueblo de Valladolid, donde era conserje y se habían refugiado numerosos ciudadanos fieles al orden constitucional. El 10 de abril de 1937 fue extraído de la "Cárcel de cocheras de tranvías" de Valladolid y ejecutado extrajudicialmente en el "pago del pescadero" en Laguna del Duero (Valladolid).
