El Gobierno aprueba la reforma que deja atrás la incapacitación como estado civil

El Gobierno ha recuperado este martes la reforma legal que sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual por el apoyo, cambiado el sistema legal actual por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.

"Un cambio legislativo de enorme calado para garantizar tanto el respeto a la voluntad como las preferencias de las personas con discapacidad", ha anunciado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, acompañada por el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Por su parte, el ministro de Justicia ha explicado que la palabra "clave" de este proyecto es la "curatela" para atender el "apoyo" que pueden necesitar las personas con discapacidad. "El cambio de paradigma de esta Ley es un elemento transformador social", ha subrayado.

El texto, propuesto por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, será remitido ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria, tras alcanzar la segunda vuelta en Consejo de Ministros y contar con todos los informes preceptivos.

De este modo, Campo ha afirmado que espera que la Ley cuente con una tramitación parlamentaria "rápida". "Esta es una de las leyes de las que nos podemos sentir orgullosos como sociedad porque nos permite ser más iguales", ha declarado, para después agregar que es una ley por la que hay que felicitarse.

El Consejo de Ministros ha dado los primeros pasos con la aprobación este martes del anteproyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El anteproyecto llega por segunda vez a la mesa del Consejo, ya que fue aprobado el 21 de septiembre de 2018 por el anterior Ejecutivo y ya había iniciado su tramitación y recibido los informes de los órganos consultivos.

El objetivo de la reforma es trasladar al ordenamiento la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que establece que estas personas tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica e insta a los estados a reconocerla en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida.

Además, la Convención impone como tarea el establecimiento de salvaguardias que aseguren que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica, deben ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, respetan sus derechos, su voluntad y sus preferencias y no se dan conflicto de intereses, ni influencias indebidas.

Para ello, el anteproyecto propone la reforma la Ley del Notariado, Código Civil, Ley Hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de la Normativa Tributaria, del Registro Civil y de la Jurisdicción Voluntaria.

Entre las reformas destaca la modificación del Código Civil para sentar las bases del nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.

Sustituye la incapacitación o modificación de la capacidad -pues esta como condición inherente de la persona no puede modificarse-, por el apoyo, término que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.

La modificación elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que se propone en el anteproyecto, explica la Dirección General de Políticas de Discapacidad.

La curatela

También aborda la institución de la curatela, entendida desde la perspectiva asistencial, lo que obliga a la modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

El anteproyecto cambia la ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.

Para la provisión de nuevas medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad en aras de una tutela más eficaz de sus derechos se cambia la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

"La provisión de nuevas medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad en aras de una tutela más eficaz de sus derechos es lo que subyace a la reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria", ha defendido la Dirección General de Discapacidad.

Además, la Ley del Notariado y la Ley 41/2003, de 18 de noviembre se acomodan terminológicamente al cambio de paradigma que introduce esta reforma.

El Gobierno destaca que esta reforma, propuesta por los departamentos de Justicia y de Derechos Sociales, supone un avance en el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y en el respeto a su libre voluntad, valores proclamados por el artículo 10 de la Constitución.