Comienza el luto oficial con un exceso de muertes por encima de las 43.000
El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 231 nuevos contagios diarios y 39 muertes en los últimos siete días.
La desescalada sigue adelante con los contagios bajo control, pese a algunos pequeños repuntes, mientras las comunidades ultiman sus peticiones de cambio de fase o de flexibilización de las medidas generales, pero el centro de gravedad de la crisis sanitaria no se mueve de la disputa política con un tono cada vez más abrupto como el utilizado este miércoles para pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La pugna política, con pleno en el Congreso de por medio, ha vuelto a subir de tono en la jornada en la que han comenzado los diez días de luto por los fallecidos durante la epidemia, bastantes más de los 27.118 confirmados por pruebas diagnósticas, después de que la actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad haya elevado a 43.000 el exceso de defunciones desde el pasado mes de marzo.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha insistido en que no se ha detectado “ninguna señal” de rebrote, sino “algunos casos asociados a situaciones particulares”, como en Lleida, donde se ha pasado de 45 a 142 en pocos días.
Lleida será, precisamente, una de las demarcaciones catalanas para las que la Generalitat no pedirá el avance a la fase 2, a la que esperan incorporarse en pleno la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, con las rezagadas Málaga y Granada, y la comarca del Bierzo en Castilla y León. Baleares y buena parte de Canarias aspiran a llegar a la fase 3.
Defunciones acumuladas
El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 231 nuevos contagios diarios y 39 muertes en los últimos siete días, aunque con el nuevo sistema de recopilación de datos puesto en marcha esta semana prosiguen las revisiones de las series estadísticas, de tal modo que si se compara el total de fallecidos de ayer con el de hoy, la cifra global se incrementa en una persona.
El número real de muertes por la covid-19 es bastante más elevado que el que muestran las estadísticas sobre la evolución de la epidemia, pero tampoco es fácil de cuantificar, si bien el dato de defunciones de los registros civiles permite hacerse una idea.
Unos 12.000 certificados acumulados en los registros civiles se han incorporado ahora al Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, lo que eleva el exceso de fallecimientos entre marzo y mayo en España a 43.000.
Buena parte de los 16.000 óbitos de más en el periodo señalado (6.655 en Madrid y 5.495 en Cataluña) podrían corresponder a víctimas del coronavirus que murieron sin que se les hiciera un test, fuera de los hospitales, en domicilios y residencias, pero también pacientes con otras patologías que no acudieron a los centros hospitalarios por temor a contraer la enfermedad.
Las residencias han sido uno de los lugares más azotados por la epidemia donde las defunciones no han pasado a formar parte de las estadísticas oficiales, aunque diversas autonomías hacen un recuento de muertes con coronavirus o con síntomas compatibles, como la Comunidad de Madrid, que ha cifrado hoy 5.972 los fallecidos en los centros de servicios sociales de carácter residencial desde el pasado 8 de marzo.
Primer registro clínico
Uno de cada tres pacientes hospitalizados por covid-19 en España desarrolló dificultad respiratoria y uno de cada cinco falleció, según los resultados preliminares del primer gran registro clínico nacional multicéntrico sobre esta enfermedad que lleva a cabo la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
Se trata de un informe todavía preliminar que contiene datos de 12.213 pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2 confirmado, dados de alta o fallecidos, y en el que participan, actualmente, 604 investigadores de 146 centros hospitalarios de todas las comunidades
El estudio confirma, como ya se había puesto de manifiesto, que la gravedad de la enfermedad está relacionada con la edad: más de la mitad de fallecimientos entre personas de más de 90 años; un 42,5 % entre los mayores de 80 y un 25 % entre el grupo de edad situado entre 50 y 59 años.
La mayoría de estos pacientes recibió tratamiento con diversos antivirales, principalmente con hidroxicloroquina (85,7 %), fármaco prescrito para la malaria que, tras diversos ensayos promovidos por la OMS, se ha determinado que su uso no es aconsejable tras detectarse un aumento de la mortalidad.
A medida que aumenta la tensión política, los plenos del Congreso son más broncos, como se ha podido comprobar este miércoles en una sesión de control al Gobierno marcada por la crisis abierta tras la destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, después del polémico informe encargado por la juez que investiga, a raíz de una denuncia, la autorización de la manifestación del 8M y su incidencia en el brote.
El líder PP, Pablo Casado, ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha comparado con Nerón, y ha acusado de manchar a la Guardia Civil antes de pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el ojo del huracán tras sus explicaciones.
Sánchez ha pasado esta vez al ataque y, tras reprochar a Casado que su “única actividad” durante la pandemia ha sido un “concurso de posados”, le ha dicho: “Si usted habla como Vox, actúa como Vox, y vota como Vox, si no es lo mismo se le parece y eso es un problema para la democracia española”.
Luego ha llegado el turno del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que se ha encarado con el secretario general de PP, Teodoro García Egea, y después con la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha llamado repetidamente marquesa, antes de que esta pronunciara la frase del día: “Es el hijo de un terrorista. Pertenece a la aristocracia del crimen político”.
Este intercambio de acusaciones, con la oposición reclamando una y otra vez la dimisión del ministro Marlaska, mantiene abierto el debate en el que hoy ha terciado la Abogacía del Estado, que acusa a la jueza que investiga la manifestación del 8M, Carmen Rodríguez Medel, de abrir una "causa general" contra la gestión de la crisis sanitaria.
