El Congreso aprueba tramitar como proyecto de Ley el Real-Decreto que suprime las horquillas universitarias
Convalida el Real-Decreto de medidas para el sector cultural, que incluye la derogación, pero los grupos podrán plantear cambios en su articulado.
El pleno del Congreso ha aprobado tramitar como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia el Real Decreto por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y que incluye la derogación del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias. Por ello, los grupos parlamentarios podrán plantear cambios en su articulado. El sistema de horquillas fue introducido en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy y que, según el actual Ejecutivo, provocó un aumento del precio medio del crédito universitario de un 17%.
El decreto sobre medidas culturales recoge una disposición final con la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. Esta disposición elimina el sistema de horquillas, que "ha impactado de forma significativa sobre la estructura de precios, incrementando los mismos en términos generales y aumentando la disparidad en dichos precios en función de la comunidad autónoma donde se presta dicho servicio", según afirman desde el Ministerio de Universidades dirigido por Manuel Castells.
El objetivo del Ministerio de Universidades es la reducción este primer año de las tasas de primera matrícula de Grado, para poder reducir progresivamente el resto de las tasas de grado y tasas de las enseñanzas de Máster. Con este objetivo, el Ejecutivo deroga el marco regulatorio previo que lo impedía para poder trabajar con todas las comunidades autónomas una bajada progresiva de las tasas a niveles previos a 2011 que beneficie al estudiantado y su acceso a la universidad.
Para Universidades, el sistema de horquillas suponía un escollo "para poder trabajar con todas las comunidades autónomas una bajada progresiva de las tasas a niveles previos a 2011 que beneficie al estudiantado y su acceso a la universidad". El ministro de Universidades, Manuel Castells, consultó la medida a las comunidades autónomas el pasado 7 de mayo en el Consejo General de Política Universitaria, y les pidió que calculen el coste que les supondría reducir el próximo curso el precio de la primera matrícula de Grado para valorar con el Ministerio de Hacienda la viabilidad de esta medida
La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades establece en su artículo 81 que los precios públicos de los estudios universitarios los fijan las comunidades autónomas. Este artículo se modificó con el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que el actual Ministerio ha denominado "el tasazo", en el que se establecía por primera vez el sistema de horquillas para precios públicos.
En la actualidad, para los estudios oficiales de Grado, este Real Decreto fija que los precios públicos han de cubrir entre el 0 y el 25% de los costes en primera matrícula, entre el 30 y el 40% de los costes en segunda matrícula; entre el 65 y el 75% de los costes en la tercera matrícula y entre el 90 y el 100% de los costes a partir de la cuarta matrícula.
El resultado de este sistema de horquillas es que, en el caso de la primera matrícula, las comunidades tienen la posibilidad de financiar la totalidad de su coste haciendo que sea gratuita para el alumnado, de manera que, al no haber precio público como tal, se consideraría que cubre el 0% de los costes de la prestación de este servicio.
En el otro extremo, para el alumnado que se matricula por cuarta vez, las comunidades podrían hacerle pagar un precio que cubra la totalidad del coste (entre el 90 y 100% de la matrícula). "Este sistema de horquillas se empezó a implantar en el curso 2012-13 y, desde entonces, se ha producido un aumento del precio medio por crédito, si comparamos los precios del curso 2011-12 con respecto a los del curso 2018-19", explica el Ministerio de Universidades.
"Además, existe una disparidad de precios entre las diferentes comunidades autónomas. Esta desigualdad territorial en la fijación de precios públicos también genera problemas de equidad en el acceso a los estudios universitarios, con el riesgo de poner en situación de exclusión social a las estudiantes que no disponen de suficientes recursos económicos para afrontar sus estudios e incentivando el abandono de los estudios universitarios por motivos económicos", argumentan desde el departamento de Castells.
