Se aprueban las jornadas de tarde en los juzgados, habilitar agosto y sesiones telemáticas

El real decreto de medidas procesales y organizativas en la administración de Justicia, que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros para evitar el colapso tras la suspensión de la actividad por el covid-19, contiene varios puntos fuertes y un marco temporal de ejecución de tres meses desde su entrada en vigor.

La norma que se llevará al Congreso incluye la creación de juzgados especializados en aquellas jurisdicciones más afectadas por las consecuencias de la crisis sanitaria. Se habilitará el mes de agosto a pleno rendimiento en juzgados y tribunales, habrá jornadas vespertinas y los juicios, salvo en casos graves en las secciones penales, serán telemáticos. Además, el contador de los plazos de tramitación se pondrá a cero cuando vuelva la actividad.

Fuentes de Justicia explicaron este lunes que se trata de una "normativa de transición" hasta que no se normalice el profundo impacto de la crisis sanitaria. Esto es, el plan busca preparar un escenario "que haga más fácil que las máquinas se pongan en marcha" y salvar en la medida de lo posible aquellos actos jurídicos trascendentales para los ciudadanos, como los ERTE recurridos o los concursos de acreedores, "dando plena validez a las actuaciones por vía telemática".

No se trata, por lo tanto, de dotar de una aportación económica determinada para la efectividad del plan de choque, una circunstancia reclamada por las asociaciones judiciales, sino de implementar medidas tecnológicas factibles para que la administración de Justicia "pueda sacar la cabeza" en los próximos tres meses. Después, explican las citadas fuentes ministeriales, vendrá los refuerzos humanos y materiales. En este aspecto existe la posibilidad de recuperar la figura de los jueces sustitutos que en su día eliminó el ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón.

Este decreto ha estado consensuado por los consejeros de Justicia de todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular, y fue notificado a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia. Incluso el titular de esta cartera en la Comunidad de Madrid, el magistrado Enrique López, fue quien propuso la posibilidad de habilitar el mes de agosto, recalcan desde Justicia para evidenciar el acuerdo interpartidista.

Casado, en contra

No obstante, los hechos no han sido refrendados por el líder del PP. Pablo Casado que aseguró este lunes que su partido no apoyará el decreto y alegó que una ley orgánica "no se puede modificar por real decreto". Además, adujo que la independencia del Poder Judicial es "fundamental" y denunció en una entrevista en 'Esradio' que el Ejecutivo ha puesto a la Justicia "en la diana".

A la espera de saber si el PP apuesta por rechazar el plan de choque o se mantiene en la abstención, lo que facilitaría la aprobación del decreto en el Congreso, las medidas del borrador incluyen que los turnos de tarde para los funcionarios será voluntario. Además, aborda las vacaciones del personal judicial si se concreta la habilitación plena de agosto. "Se podrán denegar atendiendo a las necesidades del servicio, como ocurre todo los años, pero este mes se tendrá que hacer un esfuerzo especial", admiten desde Justicia.

Con el consenso de los fiscales y de los letrados de la administración de Justicia habrá que pulir también el sistema de cita previa para la tramitación de actos jurídicos tanto para particulares como para abogados.

Los efectos prácticos de esta crisis sanitaria, que obligó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a suspender la actividad judicial por el estado de alarma, tendrá repercusión en el ámbito civil (cualquier trámite habitual afectado por la suspensión de los procedimientos en el registro civil, como una boda, un divorcio o derechos de la familia), mercantil (concursos de acreedores), social (ayudas a empresas, vacaciones, bajas forzosas o despidos improcedentes), contencioso-administrativo y penal.

En la especialidad mercantil, el CGPJ estima que el principal impacto será la solicitud de procedimientos de insolvencia y aboga por ello por la reforma de la Ley Concursal. Y, en la penal, plantea que en determinadas circunstancias las sentencias puedan dictarse oralmente para casos de delitos leves o en los que haya habido conformidad entre las partes.

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