La Moncloa veta las preguntas sobre el control de los bulos al general Santiago
El jefe de Estado Mayor afirma que la Guardia Civil está por encima de las "ideologías" y Simón tacha de indecentes los ataques al mando.
El general José Manuel Santiago aseguró que sus palabras sobre la labor de la Guardia Civil para "minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno" no implican que el cuerpo sea el escudo de Pedro Sánchez o que haya recibido órdenes para limitar la libertad de expresión. "Lo primero son las personas, no hay ideologías", afirmó el jefe de Estado Mayor. Pero la polémica, lejos de amainar, recrudeció por la decisión de la Moncloa de vetar las preguntas de varios medios de comunicación al general.
Santiago, tenso y emocionado, ni rectificó ni pidió disculpas. Explicó que en sus "40 años de profesión, en la lucha contra ETA, desde la academia, en las misiones en el extranjero", ha aprendido que para la Guardia Civil ante una crisis humanitaria "lo primero son las personas, no hay ideología". Lo hizo durante la habitual comparecencia en la Moncloa del comité técnico para la gestión de la pandemia. Sus palabras arrancaron el aplauso de sus cuatro compañeros de fatigas.
A continuación tomó la palabra el portavoz y director de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, para contraatacar, él sí, a las críticas de la oposición: "No creo que utilizar fallos en los discursos que podamos tener en la terminología o frases para hacernos daño como equipo sea algo decente". Y recalcó que son "un equipo técnico" en el que trabajan "con la mayor honestidad posible" sin atenerse a criterios políticos.
El Gobierno considera que Santiago tuvo "un fallo" en "una frase probablemente sacada de contexto", un error que ha podido "tener una interpretación distinta" , justificó la ministra portavoz. María Jesús Montero defendió además a Simón por su defensa del trabajo de comité de gestión. "Le honra", apostilló.
Pero más allá de las palabras solemnes y disculpatorias, es indudable que el general avivó las brasas de la polémica sobre la libertad de expresión, que se ha convertido en un daño colateral de la Covid-19 y caballo de batalla en el debate político entre el Gobierno y la oposición.
Tampoco contribuyó a sofocar el incendio, más bien lo avivó, la decisión de la Moncloa de no trasladar al alto mando de la Guardia Civil las preguntas sobre sus polémicas palabras que habían formulado media docena de medios de comunicación. El secretario de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, leyó las dirigidas al resto de portavoces, pero omitió las planteadas al general. No hubo una explicación oficial sobre la censura.
Sánchez al Congreso
El líder del PP, que habló este lunes con el presidente del Gobierno, exoneró de cualquier culpa a la Guardia Civil y trasladó la responsabilidad a Pedro Sánchez y su ministro del Interior. Pablo Casado reveló que había recibido una explicación del presidente sobre las palabras del general Santiago, que no desveló, pero instó a Sánchez a que diera su versión en el Congreso antes de que comparezca Fernando Grande-Marlaska. El PP ha solicitado la presencia en la Cámara del titular de Interior, el secretario de Seguridad, la directora general de la Guardia Civil y el propio Santiago. También Ciudadanos quiere escuchar en el Congreso al ministro y al general. Vox fue más allá y presentará una denuncia en un juzgado de Madrid para que esclarezca si hubo una orden política del Gobierno tras el comentario del jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil.
Con esta nueva polémica llueve sobre mojado sobre la concepción gubernamental de la libertad de expresión. En los primeras días del estado de alarma, se suscitó un debate sobre la metodología para las preguntas de los informadores al presidente y a los ministros. La Moncloa acabó por aceptar las videoconferencias y renunció al sistema de filtrado por la Secretaría de Comunicación. También el CIS contribuyó con una pregunta en su último estudio sobre bulos y libertad de expresión que se prestaba a interpretaciones de todo tipo.
En medio del cruce de acusaciones, el PSOE denunció la semana pasada ante la Fiscalía General del Estado a Vox por la difusión de bulos en redes sociales para "crear una sensación en la ciudadanía de inseguridad, miedo y desconfianza". Podemos también puso en conocimiento del Ministerio Público la existencia de una "estructura criminal" organizada para crear y expandir los bulos e informaciones tergiversada, detrás de la que estarían cargos públicos de Vox y un subinspector de la Policía.
