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Nacional

Cuatro comunidades rechazan el plan de Gobierno para el fin del curso y los docentes piden una norma común

El consenso que se planteaba alcanzar entre comunidades y Ministerio de Educación para el final del curso escolar parece alejarse. Madrid, Murcia, Andalucía y País Vasco se han desmarcado del acuerdo general.

Isabel Celaá
Isabel Celaá
Heraldo

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha recalcado que la Junta andaluza rechaza "de plano" el aprobado general para este curso al considerar que sería injusto y un menosprecio al esfuerzo de docentes y alumnos, y ha apostado por evaluar con flexibilidad, pero también con rigurosidad. Al igual que el consejero andaluz, sus homólogos de Madrid, País Vasco y Murcia se han desmarcado del acuerdo general alcanzado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación que reunió a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, con los consejeros autonómicos del ramo.

En el caso de las dos comunidades gobernadas por el PP (Madrid y Murcia), están en disconformidad con, al menos, dos de los puntos del documento: la promoción general de los alumnos (que quiere decir que pasen de curso el máximo número de estudiantes) y la obtención de la titulación en 4º de ESO y 2º de Bachillerato pese a tener asignaturas suspensas. Estas son las medidas más polémicas.

Desde el País Vasco consideran que el Ministerio de Educación no debe establecer normas para todas las comunidades porque “el desenlace del curso forma parte de sus competencias educativas” y está ultimando su propio plan de implantación. Por eso desde la comunidad vasca podrían rechazar el documento. 

Por otra parte Nicolás Fernández, presidente del sindicato de docentes ANPE, ha reclamado al Ministerio de Educación que elabore una "norma básica" para el fin de curso escolar que sea de "obligado cumplimiento" en todo el territorio nacional, al considerar que el acuerdo entre Gobierno y comunidades carece de concreción.

Así lo ha manifestado  Fernández ha lamentado que Gobierno y las comunidades no hayan sido capaces de consensuar una normativa clara, que no deje "al albur" de los gobiernos regionales decisiones que pueden afectar al principio de igualdad de oportunidades del alumnado.

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