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Nacional

Guía útil para descifrar la letra pequeña de las medidas de rescate económico

El plan aprobado por el Gobierno incluye limitaciones en cada una de las ayudas, que es necesario conocer para evitar sorpresas.

Pleno extraordinario para informar sobre la declaración del Estado de Alarma
Pleno extraordinario para informar sobre la declaración del Estado de Alarma

Las 45 páginas del decreto que incluye las medidas económicas aprobadas por el Gobierno para amortiguar los efectos del coronavirus incluyen tal cantidad de requisitos que es necesario aclarar no solo en qué consisten esos planes, sino quién puede beneficiarse de los mismos para esquivar cualquier tipo de confusión.

Moratoria hipotecaria

La posibilidad de dejar de abonar la cuota hipotecaria al banco entre trabajadores que hayan sido despedidos o profesionales que hayan echado cierre de sus negocios (con una caída del 40% en sus ventas) está acotada a quienes no superen determinados límites de renta. Los ingresos familiares no pueden triplicar el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Con un IPREM mensual en los 537,84 euros, la renta de ese hogar no debe rebasar los 1.613,52 euros. A esta cantidad se pueden ir añadiendo otros límites si hay hijos o ascendientes (53,7 euros más por cada uno); si es monoparental (80,6 euros); o si hay discapacitados (entre 2.151 y 2.689 euros). El decreto exige que la cuota de la hipoteca (más gastos y suministros básicos) supere en un 35% a los ingresos del hogar. Se puede solicitar la moratoria hasta el 3 de mayo. Tras verificar los datos, la entidad dispone de 15 días para contestar.

Cortes de luz y agua

Durante el próximo mes, las compañías energéticas y de servicios no pueden cortar el suministro de luz, gas o agua a los consumidores vulnerables. Hasta ahora, la prohibición se limitaba a los considerados como vulnerables severos o en riesgo de exclusión. Ahora, la medida se extiende a todos los usuarios que, en mayor o menor medida, disponen de rentas bajas (11.279 euros al año para un hogar vulnerable sin hijos o 5.639 euros para uno vulnerable severo). Las familias en riesgo de exclusión son las reconocidas por los servicios sociales de las administraciones.

En el caso del bono social, se prorroga su vigencia hasta el 15 de septiembre para quienes ahora tuvieran que solicitar su renovación. Este mes se autorizaron hace dos años los primeros bonos sociales tras la anterior reforma. Y era necesario volver a renovar su vigencia, una obligación que queda exenta.

Paro de los autónomos

La prestación por cese de actividad es un beneficio que los trabajadores por cuenta propia tenían ya disponible bajo determinadas condiciones. Ahora, durante el próximo mes, los autónomos que hayan tenido que cerrar sus negocios por obligación legal (se decretó la clausura de toda actividad profesional salvo excepciones como farmacias, supermercados y algunos otros establecimientos) y aquellos que hayan visto reducidos sus ingresos en un 75% con respecto a la registrada en el promedio del semestre anterior. Si se cumplen esos requisitos, el autónomo puede solicitar la prestación, cuya cuantía será un 70% de su base de cotización. Como un 90% de los autónomos suele cotizar por la base mínima (944 euros al mes), cobrarían un desempleo de unos 660 euros de media al mes.

Portabilidades suspendidas

Una de las medidas inesperadas de este plan de choque económico es la prohibición de realizar portabilidades de compañía de teléfono mientras dure esta situación. En un mercado que cada mes mueve miles de líneas, el Ejecutivo ha preferido paralizar esta operativa que en requiere movimientos de personas.

ERTE y dimensión del negocio

La exoneración de cotizaciones a las empresas que acometan expedientes de regulación de empleo temporales por fuerza mayor será del 75% para las firmas que a 29 de febrero tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social. Para las que a esa misma fecha tuvieran menos de 50 trabajadores, la exoneración de pagar la cotización empresarial alcanzará el 100%.

Juntas de accionistas

Las empresas que cotizan en Bolsa dispondrán hasta finales de octubre para celebrar sus juntas generales de accionistas, de forma que contarán con cuatro meses más para cumplir con su asamblea anual de socios, frente al actual plazo de finales de junio. Con esta medida se otorga flexibilidad a las compañías para celebrar las juntas anuales para evitar la aglomeración de personas en lugares cerrados durante las próximas semanas. Algunas firmas, como Naturgy, ya han anulado su junta (estaba prevista para el martes día 17) y otras están a las puertas de celebrarlo, como Bankia (26 de mayo), Sabadell (27 de mayo), Iberdrola (2 de abril) o Santander (3 de abril).

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