El Gobierno recurre la condena contra el Estado por el asesinato del reportero José Couso en Irak porque es "inasumible"
La Abogacía del Estado anuncia que llevará al Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que indemniza a la familia con 182.000 euros.
La causa por el asesinato del cámara de Telecinco José Couso fue durante años un estandarte para los partidos de izquierda. Un trágico deceso en Bagdad ocurrido en abril de 2003, en plena guerra de Irak, que sirvió de acicate para criticar la estrategia belicista del Gobierno de José María Aznar. Couso, de 37 años, murió en el hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas, cuando le alcanzó un proyectil disparado por un tanque estadounidense. Él estaba grabando desde la terraza de su habitación.
La vía penal se cerró de forma provisional en la Audiencia Nacional con el procesamiento de los militares que iban en el tanque. Años más tarde se abrió la vía administrativa, en la que el tribunal central sentenció de forma reciente que el Estado español debía indemnizar a la familia de Couso por no defender sus intereses frente a Estados Unidos. La resolución daba a la mujer 100.000 euros y 41.000 a cada uno de los dos hijos del cámara.
Pues bien, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, anunció este martes la interposición de un recurso contra esta sentencia. La casación será llevada al Tribunal Supremo. La resolución, de la que fue ponente el magistrado Ignacio De la Cueva, establecía que el Estado debería pagar las indemnizaciones por no haber emprendido "acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional» a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.
Es más, en la vista celebrada en la Audiencia Nacional los servicios jurídicos del Estado no solo rechazaron el pago de estas cuantías, sino que en el caso de estimarse defendieron que el dinero que pedían los familiares fuese mucho menor.
Javier Couso, hermano de José, fue hasta el verano pasado eurodiputado de Izquierda Unida en el Parlamento de Bruselas. Un partido que hoy está representado en el Ejecutivo a través del ministro de Consumo Alberto Garzón, coordinador general de la formación republicana.
Explicación de Exteriores
A la vista de la polvareda política que pudiera levantar este recurso en el seno del Gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, salió al paso y justificó la decisión de la Abogacía porque de lo contrario sentaría un precedente "inasumible" para el Estado.
González Laya, que en cualquier dijo que se respetará la resolución final que adopte la Justicia, explicó que la semana pasada se reunió con la familia para expresarles su pesar y el del Gobierno y "pedirles disculpas por la manera en la que este país se ha comportado con ellos en el pasado". Pero también para trasladarles la "dificultad" que tiene el Estado en asumir la sentencia que se ha dictado de responsabilidad civil en el caso Couso, "porque transforma el derecho de protección consular en casi una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español en el extranjero".
Y eso, apostilló este martes en los pasillos del Senado, es "inasumible" para el Estado, pero no lo es en concreto en el caso del cámara José Couso, sino "en abstracto y en general", dijo González Laya. En conclusión, lo que la ministra quiso transmitirles personalmente es que la decisión de la Audiencia abría "una vía de agua tan grande al Estado que era de difícil asunción".
No obstante, la titular de Exteriores recalcó que el Gobierno aceptará lo que diga finalmente el Tribunal Supremo y recordó que el Ejecutivo ya indemnizó a la familia Couso junto con otras víctimas en el pasado.
