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¿Qué son la tasa Google y la tasa Tobin?

El Gobierno de España prevé aprobar este martes ambos impuestos, que afectan a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras de algunas empresas.

La tasa Google es un impuesto sobre determinados servicios digitales que afecta a la actividad de las principales empresas en Internet. Mientras que la tasa Tobin es un gravámen sobre las transacciones financieras que grava las operaciones de compra de acciones ejecutadas por operadores del sector.

El rey de España, Felipe VI, preside este martes su primer Consejo de Ministros de la era Pedro Sánchez. Un encuentro donde el Gobierno tiene previsto aprobar dos impuestos: la tasa Google y la tasa Tobin. Pero, ¿qué son y qué significan estos términos?

La tasa Google es un impuesto sobre determinados servicios digitales que afecta a la actividad de las principales empresas en Internet. En concreto, a aquellas con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros y que en España superen los 3 millones. Eso sí, quedan exentas aquellas entidades dedicadas al comercio electrónico, que implica la venta de un bien contratado directamente al proveedor, sin ningún intermediario previo.

Este impuesto, con el que el Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros anuales, fija un tipo del 3% a aquellos ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación y venta de datos que previamente han sido obtenidos gracias a información proporcionada por el usuario.

La medida, que ya ha sido implantada en otros países como Francia, Italia, Alemania o Hungría, prevé sanciones de hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocio del año anterior para aquellas empresas que, a través de falseamiento u ocultamiento de la dirección IP, pretendan esconder la ubicación del usuario.

La tasa Tobin, contra las transacciones financieras

En el mismo Consejo de Ministros, el Gobierno de Pedro Sánchez también aprobará la tasa Tobin, un impuesto sobre las transacciones financieras que grava con un 0,2% las operaciones de compra de acciones ejecutadas por operadores del sector financiero, siempre que pertenezcan a empresas que cotizan en bolsa con una capitalización mayor a 1.000 millones de euros.

Esta medida, con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aspira a recaudar alrededor de 850 millones de euros, se aplicará independientemente del beneficio o pérdida que implique la transacción.

Para el correcto funcionamiento del sistema, el Ministerio de Hacienda hará público cada año el listado de empresas cuyas acciones están sujetas a este impuesto.

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