El exdirector de los Mossos insiste en que Trapero actuó con "celo" en el cumplimiento de las ordenes judiciales
Un mando de la policía autonómica asegura que no había ninguna duda de que el "deber" era impedir el referéndum .
El que fuera director de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle ha insistido este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando a la cúpula de la policía autonómica durante el proceso independentista en que el mayor de este Cuerpo José Luis Trapero tenía un "celo muy extenso" con el cumplimiento "estricto" de cualquier orden judicial, por lo que no aceptaba ninguna intromisión política.
Una afirmación que posteriormente ha sido ratificada por el comisario de los Mossos Joan Carles Molinero, quien ha subrayado que los miembros de la Prefectura "tenían claro" que ante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 iban "a cumplir la legalidad vigente" y que su "deber" era acatar las ordenes judiciales encaminadas a impedir el referéndum.
El primero en comparecer como testigo en la vista oral ha sido Batlle, quien ha sostenido una versión casi idéntica a la que ofreció en el Tribunal Supremo durante el juicio por el 'procés' independentista. Ha vuelto a explicar que presentó su dimisión en julio de 2017 al encontrarse "incómodo" con la situación que se estaba viviendo en ese momento en Cataluña, a lo que se sumó un "conjunto de factores políticos, profesionales y personales".
Además consideraba "casi obligado" poner a disposición del nuevo consejero del Interior, Joaquim Forn -condenado por sedición por el Tribunal Supremo-, que sustituía a Jordi Jané, porque "tenía perfecto derecho a organizar su equipo", ha añadido.
Puñalada trapera
También ha explicado por qué propuso a Jané recuperar la figura del mayor de los Mossos tras 10 años sin ella: "Creí que había un vacío en la organización" y se estaba en un momento en el que "el Cuerpo era muy maduro (*) Trapero había hecho un buen trabajo". De hecho, a preguntas de la defensa de Trapero, que ejerce la abogada Olga Tubau, ha recordado que algún sector del "movimiento más radical de la política catalana" tuvo reticencias con su nombamiento y que incluso hablaban de "puñalada trapera".
Así, Batlle ha querido recalcar la labor de Trapero -que se enfrenta a 11 años de prisión por rebelión- al frente de la policía catalana y ha asegurado que, no sólo tenía un "celo muy extenso" para que su diera un "cumplimiento estricto" a las instrucciones que pudiera dar la Fiscalía o un juez, sino que era "una persona con gran autoridad" en los Mossos y que "no se le podía hacer ninguna sugerencia" porque "ni la hubiera aceptado".
En este sentido, preguntado por el fiscal Pedro Rubira por la insistencia del exsecretario del Govern Joan Vidal de Ciurana, en septiembre de 2016, en reunirse con el mayor, el que fuera director de los Mossos ha indicado que todo "se resumió en una pregunta: '¿Qué legalidad va a cumplir los Mossos?'". Según ha dicho el testigo, Trapero contestó que "legalidad solo hay una".
Batlle ha señalado también que debido a que los Mossos actúan como policía judicial, él como director de la policía tenía una "relación cordial" con la Fiscalía y se "entrevistaba a menudo" con los presidentes de Audiencias Proviciales, de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con el Ministerio Público. Sobre estos asuntos, ha apuntado, la comunicación con el jefe del Cuerpo era "fluída", tanto oral como por escrito, y ha precisado que a veces se elevaban al consejero de Interior.
Por otro lado, este testigo ha indicado también que el propio Trapero rechazó dar una "protección especial" a dependencias de la Generalitat, salvo el departamento de Interior y de Presidencia "por razones obvias", que lo solicitara, como fue el caso Economía, pese a que argumentaran que era un "punto estratégico del Gobierno". Asimismo, ha afirmado que los casos de escoltas a algún cargo concreto corresponde a una "valoración puramente técnica" y por riesgos de su integridad física.
Confusión con la función del secretario general de Interior
Batlle también ha defendido que cree que se está confundiendo la figura del secretario general de Interior pues es "ajena a la cadena de mando" y un solo "proveedor de servicios, de recursos humanos". En esta línea, ha admitido que una vez que dimitió, pidió a la persona que ocupaba dicho cargo, César Puig --para quien se pide la misma pena de prisión que al mayor-- , que se quedara en la Consejería porque consideraba que era un buen profesional y que la situación podía empeorar.
Después ha sido el turno de Joan Carles Molinero. El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, en un intenso interrogatorio, ha comenzado preguntándole por la actuación y decisiones de los altos mandos de los Mossos el 20 de septiembre de 2017 ante la concentración multitudinaria a las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat.
El entonces comisario superior de los Mossos -ahora comisario jefe de la Comisaría Superior de Movilidad- ha apostillado que estuvo en el Centro de Coordinación (CECOR) que se improvisó en la sede de la policía catalana, pero señalando que las comunicaciones con la Guardia Civil las llevaba su compañero, el comisario Ferran López y que las decisiones sobre actuaciones las adoptaban los mandos que había en el terreno.
Así, preguntado sobre por qué los Mossos no actuaron para impedir que los concentrados se subieran a los vehículos de la Guardia Civil, Molinero ha indicado que "era imposible llegar hasta ellos por la masa compacta" y que por ello enviaron a agentes de paisano para controlarlos. Fue por la "noche" cuando se detectaron intentos de "intromisión" cuando desde el CECOR se ordenó una carga policial para evitar aquello, ha dicho, ante la insistencia del fiscal en saber por qué no se actuó antes.
Sànchez, mediador para "minimizar efectos" del 20-S
El representante del Ministerio Público también ha incidido en por qué se eligió al expresidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez -condenado por sedición- como mediador, por lo que el comisario ha explicado que fue la Consejería de Interior quien pidió que hablaran con él para "intentar minorizar efectos de la manifestación", ya que era la persona que estaba liderando la concentración.
"¿Minimizó los efectos?", ha preguntado entonces el fiscal, a lo que Molinero ha dicho que algunas actuaciones "salieron mejor o peor", pero que en cualquier caso la opinión de Sànchez no contaban porque "no mandaba sobre el operativo policial".
Con todo ello, el comisario ha recalcado que aquellos días en Cataluña había una "situación compleja, con muchas actividades y movilizaciones vinculadas por el procés" y que se buscaba que cualquier actuación policial no fuera "objeto de chispa para provocar situaciones más difíciles de gestionar". Aún así, ha querido dejar claro que los Mossos no trabajan "en función de la imagen que queremos que tengan de nosotros, sino para dar cumplimiento a las leyes".
Sobre el 1-O, ha enfatizado lo mismo que testificó en el Supremo sobre que el plan de actuación de los Mossos estaba dirigido a "dar respuesta a la petición de los órganos judiciales para neutralizar" el referéndum, pero que su "mayor preocupación" era la posibilidad de "problemas de orden público" en los colegios electorales, ya que "colectivos organizadores plantearon la resistencia pasiva" ante la actuación policial. "Los Mossos actuaron con la máxima profesionalidad que pudieron", ha añadido.
Ante las dudas mostradas por el fiscal Carballo sobre por qué el plan de actuación de los Mossos, en el que se plasmó poner un binomio de agentes en las puertas de los colegios para intentar cerrarlo antes de pedir auxilio a otras unidades o a los Cuerpos del Estado, no se "adaptó ante estas circunstancias", el comisario ha enfatizado que era un plan coordinado con la Policía y Guardia Civil y aprobado por el coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos.
