El BBVA y Villarejo, una relación llena de sombras con diez millones de por medio
El destino del dinero no claro porque hay servicios que se prestaron sin contrato y facturas por trabajos de los que no queda rastro documental.
10.284.869,24 euros. Esa es la cifra que el BBVA admite haber pagado al grupo Cenyt del entonces comisario de Policía José Villarejo entre 2004 y 2017. A qué se destinó no está tan claro porque hay servicios que se prestaron sin contrato y facturas por trabajos de los que no queda rastro documental.
Hay incluso un contrato de 211.750 euros de 2015 por servicios de vigilancia y protección personal de alta dirección del banco y sus instalaciones y por "identificación y evaluación de la amenaza yihadista del grupo".
En esas mismas fechas, entre 2013 y 2015, el BBVA reconoce haber contratado a Villarejo para investigar a Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda, pero no tiene "constancia de que suscribiera un contrato específico que soportara la citada investigación".
De hecho, el actual director de los Servicios Jurídicos del banco, Adolfo Fraguas, declaró en sede judicial que hubo una factura de 211.750 euros para la investigación de Ausbanc y otra de la misma cuantía para ese análisis de la amenaza yihadista, pero no se ha encontrado ningún informe sobre ese último asunto.
Investigar a Ausbanc
El fiscal, durante el interrogatorio a Fraguas como representante del banco -que está imputado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional-, expresó su sospecha de que esa factura se destinó también a investigar a Ausbanc, pero el responsable del banco respondió que no tenía ninguna razón para concluir eso y señaló que el hecho de que no se hubiese encontrado el informe sobre los riesgos yihadistas no significaba que no existiera.
Según el audio de su declaración, al que ha tenido acceso Efe, en la investigación interna que abrió el banco, el exjefe de seguridad Julio Corrochano -también imputado- admitió que la decisión de que no hubiera contrato por escrito sobre la investigación a Ausbanc fue suya, dado el carácter confidencial de la cuestión.
El propio banco remitió todos los datos de facturación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 23 de enero de 2019. En realidad, era su respuesta al segundo requerimiento de ese organismo supervisor, pues al primero contestó con una información parcial relativa al período 2013-2017.
En su segunda respuesta, que obra en el sumario del caso, el banco explicó que la contestación inicial no fue completa por entender que la CNMV pedía información sobre posibles pagos a Villarejo por importe de 242.000 euros en 2017.
El banco admite haber pagado a Cenyt por primera vez en 2004 un total de 313.200 euros, cantidad que se dobló en 2005 (661.787,01 euros). En 2006 fueron 69.194 euros y en el año siguiente 31.320.
La cuestión es que en diciembre de 2004 se firmó el primer contrato entre el BBVA y Cenyt para "asesoramiento continuo, prevención de fugas de información y 'preinformación' para adelantarse a los riesgos".
Era el momento en el que Sacyr intentaba hacerse con el control del banco y los fiscales creen que ese contrato por importe de 592.069,61 euros, más otros pagos identificados por el BBVA como servicios de "vigilancia ordinaria, correspondían al proyecto Trampa en el que se espió al presidente de la constructora, Luis del Rivero, el exvicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas; o al entonces jefe de la oficina económica de Moncloa, Miguel Sebastián".
No constan soportes documentales
El banco explica a la CNMV que "dado el tiempo transcurrido", no constan en los archivos soportes documentales de los servicios a los que corresponden esas facturas.
La documentación enviada por el BBVA muestra que no hubo contratos con Villarejo en 2008 y 2009. Volvieron en 2010 y permanecieron hasta 2017, cuando el policía fue detenido y se rompió el contrato.
En el sumario consta que fue el propio presidente del banco, Francisco González -también imputado-, quien ordenó volver a contratar a Villarejo ante el poco éxito de la investigación encargada a otra agencia sobre la situación de patrimonial de los constructores Fernando Martín y Luis Portillo.
La relación de pagos alcanza cifras millonarias: 1,1 millones en 2010; 1,4 en 2011; 1,5 en 2012, 783.000 euros en 2013 y 2,5 millones en 2014 "por servicios de rastreo y detección de bienes deudores del banco". La mayor parte del dinero, 5,3 millones, se abonaron como primas de éxito por los activos encontrados.
Pero, además, en 2014 y 2015 se pagaron 48.400 y 496.000 euros respectivamente por servicios de análisis de información, investigación, vigilancia y protección. Es en esos años donde se investigó a Ausbanc de forma opaca y donde se pagó a Villarejo por supuestos informes sobre la amenaza yihadista.
Los últimos ejercicios fueron 2016 (423.500 euros) y 2017 (726.000 euros). En este caso sí hubo un contrato entre junio de 2016 y diciembre de 2017 a razón de 60.500 euros mensuales por una serie de servicios de análisis y vigilancia de seguridad "de entorno general".
