Ruptura y legalidad
La ruptura en la unidad de acción del independentismo, puesta de manifiesto en los últimos meses pero claramente reflejada el pasado lunes con la decisión adoptada por la Mesa del Parlament presidido por Roger Torrent (ERC) de retirar el acta de diputado a Joaquim Torra, ha sido el principal desencadenante del anuncio de elecciones anticipadas. La inestabilidad del secesionismo catalán, lograda con la fuerza y el respaldo que concede la legalidad, abre la puerta a unos comicios que vuelven a ser determinantes para toda España
El anuncio del presidente del Gobierno de Cataluña, Joaquim Torra, protegido por la ampulosidad de una declaración institucional pero afectado por el lenguaje secesionista que busca distorsionar y alterar la realidad constitucional, refleja la fractura existente entre las fuerzas independentistas en la vecina comunidad. Torra, consciente del peso que está adoptando ERC, sabe de su elevada fragilidad política -ha perdido el acta de diputado en el Parlament y está pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Supremo sobre su inhabilitación- y de las muchas consecuencias que las decisiones judiciales están causando sobre su partido y la propia Generalitat. Bajo esta evidencia de ruptura, que ha llevado a Cataluña a un callejón sin salida originando un grave deterioro en la imagen y la capacidad de crecimiento de la Comunidad, Torra ha terminado por reconocer la necesidad de una convocatoria electoral, aceptando el fin de una legislatura que arrancó con unas elecciones bajo el signo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aún sin fecha -el presidente Torra apuesta primero por la aprobación de los presupuestos en marzo o abril-, los catalanes volverán a ser convocados a las urnas en un escenario de máxima fragmentación y con severas incógnitas sobre el estado de los partidos constitucionalistas y sobre el papel que ahora se otorgará a los acuerdos alcanzados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ERC.
