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UGT pide que la subida del salario de los empleados públicos en 2021 sea superior al IPC real

Para el sindicato es importante que se aborden "otros de los grandes problemas" que tienen las administraciones de este país, que son el empleo, la temporalidad o la precariedad.

Tornos por los que acceden los empleados públicos a la sede de la DGA en el Pignatelli.
Tornos por los que acceden los empleados públicos a la sede de la DGA en el Pignatelli.
José Miguel Marco

El secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Julio Lacuerda, ha indicado este miércoles que, de cara a los próximos años, se debe garantizar que el salario de los empleados públicos no pierde poder adquisitivo y que se revalorizan por encima del IPC real, aunque también se pueda vincular a la evolución de la economía.

Tras haberse aprobado ya, vía real decreto, el incremento salarial para 2020, el tercer año que contemplaba el acuerdo firmardo entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública, Lacuerda indicó que la negociación sobre salarios para los próximos años debe garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, y añadió que la opción de situar incrementos adicionales según el comportamiento de la economía es "una vía interesante para seguir explorando". "Vincular nuestro bienestar a la marcha del país nos parece razonablemente justo", ha apostillado.

Para la federación de empleados públicos de UGT, también es importante que se aborden "otros de los grandes problemas" que tienen las administraciones de este país, que son el empleo, la temporalidad o la precariedad.

De hecho, ha resaltado que, siempre que se garanticen unos mínimos retributivos (por encima del IPC real), si en la negociación del próximo acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo el tema retributivo no está entre las principales prioridades a negociar, preferiría que se abordaran otros temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los funcionarios y que permitan que la Función Pública sea "respetada y respetable".

Lacuerda ha subrayado que lo primero que van a hacer es pedirle al Gobierno que abra la Comisión de seguimiento de este acuerdo y que prorrogue un año el tiempo para realizar los planes de estabilización para que a todas las administraciones públicas les de tiempo a hacerlo.

El II Acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo se recogía una vigencia en el periodo de ejecución de los planes de estabilización que terminaba en 2020. "Nos parece importante que en la mesa de seguimiento del diálogo acordemos una prórroga de un año para dar más tiempo justamente a las administraciones y a los sectores que van más retrasados o tienen más dificultades", ha apostillado.

"Las administraciones no esperan y nos interesa que los ratios de temporalidad bajen y que dé tiempo a la ejecución de las distintas ofertas de empleo", ha añadido, tras recordar que el objetivo del II Acuerdo era mantener la temporalidad de los servicios públicos y las administraciones en un 8%, lo que afectaba a casi 400.000 personas.

Acabar con la tasa de reposición

UGT también cree que es central abordar de una vez la eliminación de la tasa de reposición, que ha provocado "destrucción de empleo público, su precarización, envejecimiento de plantillas, así como aumento de trasvase de empleo del ámbito público al privado".

Así, considera hay que eliminarla y sustituirla por un ejercicio responsable de la capacidad autoorganizativa de cada Administración Pública, complementada con la necesaria negociación colectiva en cada ámbito concreto.  

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